UGT critica a la Junta por llamar "histórico" un convenio de transporte sanitario que congela sueldos hasta 2031.
TOLEDO, 25 de marzo.
El sindicato UGT Servicios Públicos de Castilla-La Mancha ha expresado su firme rechazo al nuevo contrato de transporte sanitario terrestre que el Gobierno regional presentó este miércoles. Afirma que se trata de una mera "estrategia de comunicación" que oculta la falta de inversión real, la ausencia de garantías laborales y la perpetuación de un modelo de trabajo precario que se extenderá hasta 2031.
En un comunicado, UGT denuncia que el Ejecutivo autonómico presenta este contrato como un avance significativo, pero en realidad, no aporta un incremento real en el costo del servicio, lo cual es engañoso.
El sindicato subraya que durante más de dos años, el transporte sanitario ha sido financiado a través de contratos de emergencia con cifras casi idénticas a las que se establecen actualmente. El aumento proyectado apenas llega al 2%, una cifra que queda muy por debajo de la inflación acumulada, resultando en una disminución real de los recursos asignados.
Además, UGT señala un aspecto "particularmente preocupante": el nuevo acuerdo carece de cualquier mecanismo de revisión de precios durante su vigencia de seis años, lo que significa que el servicio deberá funcionar con el mismo presupuesto, sin considerar el aumento de costos en salarios, carburantes y mantenimiento, hasta 2031.
El sindicato recalca que esta decisión es mucho más que un simple detalle; es un ajuste directo que impactará a los trabajadores. "Después de más de dos años de negociaciones sin resultado en el convenio colectivo, el nuevo contrato ignora cualquier mención a mejoras salariales y no incluye mecanismos de financiación para dichas mejoras. En efecto, se está firmando un acuerdo que bloquea cualquier incremento salarial hasta 2031", denuncia UGT.
Recuerda que las 2.200 personas que laboran en este sector han vivido con sus salarios congelados y sin mejoras laborales desde 2012.
La organización sindical advierte que el modelo impuesto por el Gobierno regional es insostenible, ya que establece mayores demandas de servicio y presión operativa a la vez que mantiene la financiación en niveles deficientes. "Esto conducirá inevitablemente a una precarización del empleo, un deterioro de las condiciones laborales y, en última instancia, a un empeoramiento del servicio público", sentencia UGT.
Asimismo, critica que muchas de las supuestas "mejoras" anunciadas por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, como la entrega de nuevos vehículos o la modernización, son simplemente obligaciones ya estipuladas en los pliegos del contrato original.
"Estamos ante un intento de presentar como progresos lo que en realidad es el mínimo cumplimiento exigido a las empresas adjudicatarias. Y ni siquiera se están mejorando los tiempos de respuesta para las personas que residen en las zonas más alejadas, una necesidad que hemos enfatizado reiteradamente", añade el sindicato.
UGT califica de "inaceptable" el uso de un servicio esencial como el transporte sanitario para crear una narrativa política que no refleja la realidad del sector.
En este sentido, ha exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha que revise de inmediato el modelo de financiación del contrato, que se incluyan cláusulas para actualizar precios que aseguren la viabilidad del servicio, que el contrato esté vinculado al convenio colectivo para garantizar mejoras salariales efectivas, y que se convoque urgentemente a una mesa de negociación con los sindicatos.
UGT deja claro que no aceptará un futuro hipotecado para el sector ni un prolongado periodo de congelación salarial para sus profesionales bajo un contrato que prioriza intereses políticos sobre la realidad del servicio.
Por último, el sindicato destaca que los nuevos recursos y ambulancias que se han presentado son operados por trabajadores muy mal remunerados, como los camilleros, quienes perciben salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y realizan 2.184 horas al año, lo cual equivale a 700 horas más que cualquier enfermera o enfermero en la región, sufriendo además una gran carga laboral. Sin abordar de manera efectiva estas condiciones laborales, el servicio no mejorará. La solución radica en que el Gobierno regional asuma la gestión pública y directa del transporte sanitario en Castilla-La Mancha.
El sindicato concluye afirmando que el modelo de externalización vigente ha demostrado su fracaso y acusa al Gobierno regional de, en esencia, tener una postura engañosa que amenaza a las empresas concesionarias si intentan negociar un convenio colectivo con los trabajadores. "Por más que les cueste reconocerlo, el actual Ejecutivo está repitiendo las estrategias de María Dolores de Cospedal", afirmaron desde UGT.