El Tribunal Supremo ha tomado una decisión crucial al ratificar la absolución de un individuo con un diagnóstico de trastorno de personalidad límite, acusado de intentar asesinar a un médico que acudió a su hogar por una emergencia familiar. La intervención se produjo tras un llamado al 112, donde la madre del acusado reportó una agresión a su padre. Los magistrados argumentan que la evidencia demuestra que el acusado actuó en un estado de "intoxicación plena" debido al uso de alcohol y drogas, lo que imposibilita cualquier modificación a la absolución inicial.

La sentencia, de la que informaron fuentes como Europa Press, indica que el estado de intoxicación fue documentado en los hechos probados de la acusación, lo que legalmente impide alterar la resolución de la absolución. Sin embargo, esta decisión no fue unánime y generó disenso entre los miembros del tribunal, con dos magistrados expresando su desacuerdo a través de un voto particular.

Los incidentes se desarrollaron en una madrugada de junio de 2018, cuando el acusado propinó un puñetazo a su padre tras haber consumido alcohol y drogas. Ante la violencia evidente, su madre contactó a los servicios de emergencia, lo que llevó a la llegada de un médico y una enfermera. Cuando el médico llegó y tocó el timbre, el acusado lo atacó sorpresivamente con un palo de grandes dimensiones, intentando acabar con su vida sin darle oportunidad de defensa o reconocimiento de su profesión.

El ataque dejó al médico inconsciente en el suelo, mientras el acusado continuaba golpeándolo. A pesar de la situación caótica, la enfermera logró refugiarse en el vehículo, mientras que el acusado mantuvo una actitud amenazante hacia su entorno. Al llegar la Guardia Civil, se encontró con un hombre que profería amenazas hacia su madre y los agentes, incluso utilizando un cuchillo para intimidarlos, lo que obligó a los oficiales a actuar con precaución.

La acción policial culminó con la contención del acusado tras la llegada de refuerzos, aunque el proceso fue violento y resultó en varios agentes heridos. El médico, que sufrió un grave traumatismo craneoencefálico y facial, estuvo bajo tratamiento neurorehabilitador durante años, con secuelas que le llevaron a una incapacidad permanente. Por su parte, el padre del acusado también sufrió lesiones significativas, pero no reclamó indemnización.

Inicialmente, la Audiencia Provincial de Toledo absolvió al acusado del intento de asesinato, considerando su estado de intoxicación como una eximente de responsabilidad. Sin embargo, la demanda de mayor indemnización y reclamaciones judiciales por parte del médico y otras instituciones llevaron el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia, que incrementó la indemnización del médico a 950.000 euros.

A pesar de los recursos posteriores, el Tribunal Supremo defendió la absolución citando la falta de conciencia del acusado respecto a la condición del médico como funcionario, y reafirmando que no se podía condenar por un atentado a un funcionario público sin que existiera tal reconocimiento por parte del agresor. Además, los informes médicos respaldan la idea de que el acusado podría haber experimentado episodios psicóticos durante el ataque.

Finalmente, el Supremo desestimó todos los recursos y confirmó la demanda de internamiento en un centro de deshabituación, al mismo tiempo que garantizó las indemnizaciones ya dictadas. Dos magistrados que disintieron en su voto consideraron que el veredicto debería haber sido revocado y que el caso debía ser devuelto al Tribunal Superior de Justicia para un análisis más profundo de los recursos interpuestos.