TOLEDO, 5 de junio. La jornada de hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha fue testigo de la aprobación de una Proposición de Ley que marca un hito en la determinación de la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias. A pesar de la oposición de Vox, la coalición formada por el PSOE y el PP logró que la norma saliera adelante, reflejando un esfuerzo conjunto por fortalecer el sector agrario en la región.

El diputado socialista Antonio Sánchez Requena took la palabra para presentar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, enfatizando que esta ley es el resultado de un diálogo constructivo entre los principales partidos políticos. "El entendimiento y la confianza son clave para avanzar y enfrentar los desafíos que tenemos por delante en Castilla-La Mancha", afirmó.

Sánchez Requena subrayó que la ley se basa en un principio de igualdad, exigiendo que todas las organizaciones que aspiren a ser representativas cumplan con criterios claros y justos. "Esto asegura que todos tengan las mismas oportunidades en el proceso," dijo, haciendo referencia al marco legal establecido en la Constitución.

El diputado también agradeció al Grupo Parlamentario Popular por su colaboración a lo largo del proceso, resaltando cómo sus aportes han sido cruciales para mejorar el texto legislativo: "Cuando se trata de temas cruciales para nuestra región, es gratificante ver cómo, a pesar de las diferencias, podemos llegar a acuerdos por el bien de nuestra tierra".

Requena, convencido de que esta ley facilitará el entendimiento entre las organizaciones y la administración, instó a Vox a unirse al consenso, argumentando que se trata de una medida "necesaria" que responde al "sentido común".

El representante de Vox, por su parte, defendió una postura contraria, etiquetando la normativa como una "maniobra" del PSOE y el PP. Criticó la falta de consulta con los representantes agrarios y cuestionó la legalidad del proceso de desarrollo de la ley, sugiriendo que se había ignorado información crucial en el camino.

El líder de Vox argumentó que la legislación no garantiza la representatividad adecuada de las organizaciones agrarias y abogó por una ley más inclusiva, que promueva la equidad entre las grandes y pequeñas organizaciones. “Deberíamos aspirar a normativas que reconozcan la diversidad y la capacidad de representación del sector agrario,” agregó.

Ante estas objeciones, Requena volvió a tomar la palabra para refutar las enmiendas de Vox, señalando que no ofrecían mejoras al texto actual y que podrían complicar su implementación. "No pueden ser consideradas constructivas," dijo, haciendo un llamado a la responsabilidad en la representación del sector agrario.

Desde el Partido Popular, Santiago Lucas-Torres se alineó con el principio de la representación legítima y resaltó que esta ley está enraizada en la realidad del campo, no en intereses partidistas. "Sin agricultores, no hay pueblos; necesitamos una ley que valide y respete a quienes realmente representan al sector," afirmó con contundencia.

El consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, también expresó su apoyo a la ley, destacando que representa un avance significativo hacia la modernización de la interlocución entre el sector agroalimentario y la administración. "Esta norma es un reflejo del compromiso con el sector agrícola, una respuesta a una demanda histórica que no podía esperar más," aseguró.

A medida que el pleno avanzaba, Lizán agradeció el esfuerzo colaborativo de PSOE y PP, al tiempo que criticó la actitud de Vox, sugiriendo que sus argumentos carecían de fundamento. "Después de 48 años, era momento de avanzar hacia una legislación que regule adecuadamente la representatividad en el sector agrario," concluyó.

Con la aprobación de esta ley, Castilla-La Mancha se posiciona como pionera en la legislación sobre la representatividad agraria, un paso que se espera impulse un diálogo más efectivo entre las instituciones y el sector, garantizando así los derechos y las necesidades de los agricultores de la región.