CIUDAD REAL, 26 de enero. La Audiencia Provincial de Ciudad Real se prepara para un juicio que atraerá la atención pública el próximo martes 28 de enero. En esta ocasión, E.R.P. enfrentará acusaciones graves, incluyendo un delito de odio y otro por amenazas, tras haber proferido insultos y amenazado a un vecino de origen colombiano que vive en el mismo complejo residencial en Ciudad Real.

De acuerdo con el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, el comportamiento del acusado hacia la víctima era consistentemente hostil. Se señala que E.R.P. solía lanzar expresiones despectivas como “vete a tu país” y “mono”, además de hacer escalofriantes afirmaciones como “la única manera de exterminarlos es matándoles”, que revelan un trasfondo de racismo y xenofobia.

Pero las amenazas no se limitaron a las confrontaciones físicas. El acusado también usó la conocida aplicación de mensajería WhatsApp para enviar comunicaciones intimidatorias, donde se refería a la víctima de manera denigrante, afirmando que “era una guarrería bañarse con un negro dentro” y que su presencia causaba “asco” en la comunidad. Estos mensajes no solo buscan humillar, sino que también crean un ambiente de miedo y hostilidad hacia el afectado.

El caso más inquietante reportado por el fiscal ocurrió en julio de 2022. Enfrentando a la víctima delante de varios testigos, incluido los propios hijos de este, el acusado mostró una pistola y le ordenó: “Ponte de rodillas y me cantas el Cara al Sol que te voy a matar delante de tus hijos”. Este acto no solo demuestra una amenaza inminente, sino también una intención deliberada de aterrorizar tanto a la víctima como a su familia.

Como consecuencia de estos inaceptables actos de violencia y odio, el Ministerio Fiscal solicita una pena de 15 meses de prisión por el delito de odio y otra igual para el delito de amenazas. Además, se pide que se imponga al acusado una orden de alejamiento de la víctima por un período de dos años y medio, para garantizar su seguridad y bienestar.

Por si fuera poco, el fiscal también busca que E.R.P. debe indemnizar a la víctima con 5.000 euros, reconociendo el daño psicológico y moral que sus acciones han causado. Este caso pone de relieve la necesidad de un compromiso decidido contra el odio y la xenofobia en nuestras comunidades, dejando claro que tales comportamientos no serán tolerados.