En un juicio que se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de septiembre, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo examinará el caso de M.C.P. y C.V.A., dos individuos para quienes la Fiscalía solicita penas de tres años de prisión por no cumplir con los pagos de la Seguridad Social de la fundación que respaldaba la Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo. Esta fundación también operaba dos restaurantes abiertos al público, acumulando una deuda de 425.838,17 euros.

Según el informe de la Fiscalía, C.V.A. se desempeñaba como presidente de la Fundación cofradía del ciento, mientras que M.C.P. era el director de la Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo desde 2004 hasta finales de 2019. Esta escuela operaba bajo el nombre comercial de la mencionada fundación.

Desde su creación en 1998, la Fundación cofradía del ciento llevó a cabo diversas actividades comerciales, gestionando la Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo y operando dos restaurantes abiertos al público.

Como resultado de esta actividad empresarial, la Fundación cofradía del ciento no cumplió con sus obligaciones de cotización de los trabajadores, generando una deuda de 425.832,17 euros con la Seguridad Social, correspondiente al período entre agosto de 2005 y octubre de 2018. Esta deuda incluía un principal de 318.113,82 euros, además de recargos e intereses.

Entre 2005 y 2018, la Fundación solicitó hasta cinco plazos de pago a la Seguridad Social, los cuales no fueron cumplidos de manera continua.

En un lapso de cuatro años, entre 2015 y 2018, la deuda de la fundación aumentó significativamente, alcanzando un principal de 230.380,79 euros, sin contar intereses ni recargos.

Ante la falta de pago y el continuo crecimiento de la deuda desde 2005, los acusados decidieron crear en 2009 la empresa Gestión y supervisión de empresas SL, con el objetivo de seguir operando en el mercado sin cumplir con sus obligaciones. Esta empresa mantenía una estrecha relación con la Fundación cofradía del ciento, incluyendo la gestión de la Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo y de los restaurantes previamente mencionados.

De hecho, las dos entidades compartían empleados, realizaban intercambios de nóminas y compartían información de contacto, sitio web y otros recursos. Además, entre 2015 y 2018, ambas empresas compartían una misma dirección en Toledo, a pesar de que los costos operativos eran sufragados por la Fundación, que no contaba con ingresos.

Ante esta situación, la Fiscalía solicita penas de tres años de cárcel para cada acusado, una multa equivalente a cuatro veces la deuda y una indemnización conjunta y solidaria de 311.008,85 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social.