En una próxima sesión judicial, programada para el miércoles y jueves, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real se enfrentará a un caso de gravedad extrema. P.R.R., un individuo de 57 años, se encuentra bajo la acusación de haber cometido agresiones sexuales contra sus sobrinas políticas, cuando estas tenían apenas siete y once años. La Fiscalía ha solicitado una severa pena de 24 años de prisión para el acusado, una cifra que refleja la seriedad de los delitos que se le imputan.

Según ha podido conocer Europa Press a través del escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el abuso se habría producido durante un periodo prolongado, desde el año 2010 hasta 2019, mientras P.R.R. ejercía la tutela de sus sobrinas junto a su esposa. Este caso se suma a una preocupante realidad sobre la protección infantil y la vulnerabilidad de muchos menores que caen víctimas de abusos dentro de su entorno más cercano.

Es importante destacar que el juicio, que tenía fecha inicial para marzo del año pasado, fue aplazado debido a una solicitud de la acusación para incluir a la Junta de Comunidades como responsable civil. Esto responde a la situación de "desamparo" en la que se encontraban las menores, provenientes de una familia desestructurada y en condiciones de exclusión social, que las llevó a ser tuteladas por las instituciones de bienestar social de Castilla-La Mancha antes de ser acogidas por sus tíos.

El alegato del fiscal revela un patrón de manipulación y control ejercido por el acusado. P.R.R. presuntamente abusó de su posición, aprovechándose de la convivencia familiar y del papel que asumía como figura paterna. Se alega que el hombre llevó a cabo tocamientos inapropiados y actos de penetración, así como la coerción a las menores para que le realizaran masturbaciones y felaciones, todo bajo la fachada de "juegos" o a través de chantajes emocionales.

El escrito detalla que el acusado hacía sentir a las jóvenes que tenían la obligación de corresponder a su generosidad, argumentando que les brindaba alimento y un hogar, y manipulaba situaciones de disciplinamiento para forzar sus deseos. Al parecer, esto incluía promesas de leniencia en sus castigos si accedían a cumplir con sus requerimientos sexuales.

Desde el inicio de su convivencia en 2010, el acusado presuntamente inició este ciclo de abusos con la menor de las niñas, extendiendo estas prácticas al año siguiente con la de mayor edad. Esto plantea inquietantes preguntas sobre la protección de los menores en situaciones de vulnerabilidad y la responsabilidad del entorno familiar y social.

Por estos abusos, la Fiscalía ha solicitado 24 años de prisión por la comisión de dos delitos de agresión sexual a menores de 16 años, además de una orden de alejamiento que le prohibiría acercarse a menos de 500 metros de las víctimas durante 20 años. Asimismo, se ha solicitado una indemnización de 30.000 euros para cada una de las jóvenes, como compensación por el daño moral sufrido a lo largo de estos años de horror y sufrimiento.