Organizaciones sindicales, ecologistas y políticas como CCOO, Ecologistas en Acción e Izquierda Unida han presentado demandas contencioso-administrativas ante el Tribunal Supremo en contra del cierre parcial de la línea ferroviaria Madrid-Cuenca-Valencia. Esta medida, aprobada por el Consejo de Ministros en febrero, afecta específicamente al tramo Tarancón-Utiel.

Después de agotar todas las vías administrativas, estas organizaciones anunciaron en julio su intención de presentar recursos judiciales. Finalmente, las demandas fueron presentadas el pasado 7 de diciembre.

Según han destacado en un comunicado conjunto, una gran parte de la sociedad afectada por este cierre se opuso firmemente a la decisión, argumentando que carecía de una justificación sólida. Además, criticaron el momento elegido para llevar a cabo el cierre, ya que va en contra de la celebración del 'Año europeo del Ferrocarril'.

Estas organizaciones denuncian que la decisión de cerrar la línea ferroviaria contradice el consenso científico mundial sobre el papel fundamental del tren en la reducción de los gases de efecto invernadero y el cambio climático, así como en el transporte masivo de personas y mercancías.

En su opinión, esta decisión se tomó a raíz de los intereses de los lobbistas inmobiliarios, que buscaban hacerse con una gran cantidad de terreno ferroviario en el centro de la ciudad, sin tener en cuenta el interés general de la ciudadanía.

Estas organizaciones también critican que la medida haya sido tomada por una élite tecnocrática y alejada de la realidad social de los pueblos rurales. Consideran que esta decisión atenta contra el derecho de participación ciudadana, la rentabilidad social, el derecho a la igualdad y la movilidad de las personas que no tienen permiso de conducir o vehículo propio.

Por todo ello, estas organizaciones han presentado recursos judiciales que, a su parecer, revelan graves problemas en las administraciones públicas, que siguen demostrando falta de respeto hacia la ley y el interés de los ciudadanos.

Además, denuncian que este cierre afecta a casi 180.000 personas y priva de una opción de movilidad segura y sostenible a una amplia porción de territorio.

A pesar de estas dificultades, confían en que se haga justicia, ya que la suspensión cautelar de la decisión de cierre es considerada una victoria parcial. Consideran acertada la valoración del Tribunal Supremo al evitar un daño irreparable a un activo que pertenece a toda la ciudadanía y que ha sido intervenido de manera activa y sin cumplir los requisitos legales.

Estas organizaciones creen que se abre la posibilidad de revertir esta mala decisión política y de hacer las cosas correctamente, contando desde el principio con la participación de la ciudadanía, que es la principal afectada por esta medida.