TOLEDO, 7 de enero.

Este miércoles, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha hecho pública una nueva normativa emanada de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital. Esta orden busca establecer las directrices necesarias para la implementación eficiente de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2026, promoviendo así una rigurosa gestión de las cuentas públicas.

Con esta iniciativa, se sientan las bases para la eficaz ejecución de los presupuestos autonómicos, continuando con la senda de progreso que se inició en 2015. Este esfuerzo tiene como finalidad no solo consolidar el Estado del Bienestar en la región, sino también fomentar la cohesión social, impulsar la economía y respaldar la creación de empleo mediante el apoyo a pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos, enfrentándose al desafío demográfico actual.

Los presupuestos presentados por el Gobierno de Emiliano García-Page para este año alcanzan un total de 12.903 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,5 por ciento en comparación con el ejercicio previo. Esta asignación permitirá destinar 7.555 millones a financiar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, según ha comunicado la Junta.

En cuanto a las políticas orientadas a estimular el crecimiento económico y fomentar la generación de empleo, se han reservado 3.232 millones de euros, lo que equivale a un aumento del 68 por ciento respecto a 2015. De esta cantidad, 1.475 millones se destinarán a apoyar a las empresas a través de transferencias directas.

Asimismo, se vuelve a subrayar la importancia del reto demográfico en las políticas presupuestarias, dedicando 2.116 millones a la Estrategia Regional frente a la Despoblación. Esta cifra representa un incremento del 23,5 por ciento en relación con lo establecido en 2023, año en el que comenzaron a contabilizarse expresamente estas iniciativas.