El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, ha presentado un conjunto de 16 iniciativas legislativas en respuesta al informe que el líder del PP regional, Paco Núñez, entregó al comisario europeo, Cristophe Hansen. Estas propuestas están diseñadas para hacer frente a las dificultades que enfrenta el sector agroalimentario en la región ante la inminente implementación de aranceles impuestos por la administración de Donald Trump a productos europeos.

El Partido Popular ha delineado varias medidas que buscan palear la situación crítica de los profesionales del sector primario. Entre ellas se incluyen ajustes fiscales a nivel autonómico, nuevos programas de apoyo financiero para la adquisición de maquinaria, así como la promoción de seguros agrarios a través de incentivos fiscales. Estas estrategias están destinadas a facilitar la inversión y a minimizar la carga económica sobre los agricultores y ganaderos.

Además, Lucas-Torres subrayó la urgencia de simplificar la burocracia relacionada con la actividad agraria, lo cual permitiría a los agricultores acceder más fácilmente a ayudas y subvenciones. También se han incluido propuestas para fomentar la formación de nuevos profesionales en el campo y facilitar el relevo generacional, incentivando así la participación de jóvenes en el sector agropecuario.

Otra de las iniciativas en la agenda del PP es la solicitud de una Ley de Fiscalidad Agraria al Gobierno central, orientada a reducir la carga tributaria sobre el sector. Además, el grupo solicitará intensificar las gestiones diplomáticas con Estados Unidos para tratar de disminuir los aranceles y asegurar un entorno más favorable para los agricultores locales.

Lucas-Torres explicó que estas iniciativas han sido inspiradas en un documento que se elaboró con la colaboración de organizaciones como Cooperativas Agro-alimentarias y Asaja, y que incluye seis puntos cruciales, comenzando por la cuestión del agua y abarcando también la PAC, el exceso de burocracia, y el impacto del Pacto Verde.

Durante la reunión en Bruselas, el comisario Hansen mostró un interés notable por el informe del PP, destacando incluso por su conocimiento sobre la situación del campo español. Lucas-Torres mencionó que, en lo que respecta a la cuestión hídrica, Hansen hizo hincapié en la necesidad de establecer un plan hidrológico nacional, tomando en cuenta el contexto europeo, especialmente en lo que refiere a cuencas fluviales que abarcan varios países.

Otro tema de relevancia que se discutió fue la situación del sector vinícola. Lucas-Torres indicó que, según Hansen, se espera que una nueva estrategia para el sector se presente antes de abril. También se abordó la necesidad de reducir la burocracia y la posibilidad de implementar una ley ómnibus que simplifique los trámites administrativos; un deseo compartido por los agricultores para hacer frente a la carga de papeleo.

En cuanto a la ley de Restauración de la Naturaleza, el comisario expresó sus dudas respecto a la trazabilidad de los productos europeos, argumentando que resultaba incoherente permitir que algunos productos extranjeros ingresaran sin un control riguroso cuando se prohíben más de cien sustancias en la Unión Europea.

Lucas-Torres también alertó sobre las grandes diferencias de costos en la producción agrícola, citando que cultivar una hectárea de tomates en Albacete cuesta alrededor de 20,000 euros, mientras que en Marruecos apenas se requieren 6,000 euros, lo que constituye una competencia desleal para los agricultores españoles. Esto pone de manifiesto la necesidad urgente de asegurar la rentabilidad en el sector agrario.

Finalmente, el dirigente popular enfatizó que los cambios en la Política Agraria Común son imprescindibles, dado que el sector primario podría verse afectado por decisiones de financiamiento de la UE que actualmente se enfocan en la reconstrucción de países como Ucrania. Lucas-Torres concluyó que si se reducen los presupuestos europeos destinados a España, será necesario recurrir a fondos estatales para mitigar el impacto, advirtiendo que las políticas de izquierda en España podrían ser desfavorables para los agricultores.