TOLEDO, 17 de septiembre. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, expresó su desacuerdo este miércoles con la idea de trasladar competencias relacionadas con la inmigración a Cataluña, calificando la propuesta como un intento de Junts de manipular al Gobierno de Pedro Sánchez a cambio de beneficios políticos. Para García-Page, esta estrategia busca erosionar la soberanía nacional y tiene raíces racistas.

Durante una rueda de prensa desde el Palacio de Fuensalida, en Toledo, García-Page arremetió contra el partido de Carles Puigdemont, argumentando que Junts ha advertido una oportunidad en el contexto político actual, donde algunos en la política nacional parecen dispuestos a aceptar concesiones por "minutos de legislatura".

El presidente regional considera que el independentismo catalán ha percibido un “carnaval” de opciones para avanzar en sus reivindicaciones, reactivando incluso demandas que previamente estaban en segundo plano, como las competencias en inmigración por parte de las comunidades autónomas.

García-Page se cuestionó abiertamente la motivación de Puigdemont al exigir el traspaso de competencias, sugiriendo que su objetivo es debilitar la soberanía del país mientras persigue fines que considera discriminatorios. "Negociar con las bases del estado no debería ser compatible con propósitos que atenten contra la identidad común", manifestó.

Desde su perspectiva, esta postura resulta "indefendible" no solo en términos de soberanía, sino también de lo que representa un enfoque progresista. "Uno puede debatir sobre política, pero no se puede intercambiar el alma del país por beneficios temporales", reafirmó García-Page.

Añadió que las intenciones del independentismo son claras: fomentan la segregación identitaria y tienen un trasfondo racista, algo que considera intolerable para cualquier discurso de progreso y justicia social.

El presidente también criticó la atmósfera pesimista que se ha apoderado del debate político en España y señala que hay actores que, en la ausencia de un foco mediático, admiten que la situación se siente agotada. Para él, estos intentos por "sacar provecho" de la incertidumbre política son inaceptables.

De este modo, instó al Gobierno y al PSOE a no caer en la trampa de una "política de aguas revueltas", enfatizando que el foco debe permanecer en las soluciones democráticas que beneficien a todos los españoles, sin dejarse arrastrar por los populismos.

García-Page subrayó la urgencia de abordar el actual drama político desde una perspectiva democrática y responsable, especialmente ante un independientismo que parece moverse por intereses momentáneos en lugar de por un futuro solidario y colaborativo.

En el contexto de las elecciones en Castilla y León, García-Page reafirmó su posición de no inmiscuirse en debates electorales ajenos, defendiendo la autonomía del proceso político de cada comunidad y mostrando respeto por los plazos establecidos.

Por otro lado, alabó la diversidad política, lamentando que, en muchos casos, los debates acaben siendo interpretados desde una óptica nacional, eclipsando la discusión sobre los problemas reales en cada comunidad.

Respecto a la posibilidad de elecciones generales anticipadas, García-Page aceptó que cualquier escenario es posible, desde avanzar en la legislatura hasta enfrentar un adelanto electoral, destacando que las circunstancias externas podrían influir considerablemente en el rumbo del Gobierno.

En relación con el reciente pacto de Junts sobre el uso del catalán en atención al cliente, el presidente expresó su oposición a usar la cuestión lingüística como herramienta de confrontación, afirmando que el idioma debería ser un medio de entendimiento y no un instrumento de división.

Finalmente, concluyó que necesitará revisar el texto final de la propuesta antes de formarse una opinión definitiva, manteniendo una postura de vigilancia ante posibles alteraciones que puedan afectar la convivencia en las relaciones privadas y públicas.