GUADALAJARA, 14 de enero.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su voluntad de priorizar una "victoria política" en relación al nuevo sistema de financiación autonómica, antes de considerar la opción de llevarlo ante el Tribunal Constitucional, como ya han hecho algunos gobiernos regionales.

Durante su visita a las instalaciones en construcción de la nueva sede de la Universidad de Alcalá, García-Page reiteró su descontento con el actual modelo de financiación, manteniendo su postura firme de que este no debería ser aprobado: "No debe salir", enfatizó.

Cuando los periodistas le cuestionaron sobre la posibilidad de que su administración interpusiera un recurso ante el Tribunal Constitucional, García-Page subrayó la importancia de "ganar la batalla política" antes de emprender cualquier acción jurídica, asegurando que "habrá que hacer lo que haya que hacer" en función de la situación futura.

El presidente también hizo referencia a la rápida decisión de algunos gobiernos regionales de buscar recursos de constitucionalidad, dejando en claro que el enfoque debería ser luchar por mantener la igualdad entre todos los españoles: "Lo primero que hay que hacer es dar la batalla, hay que retirar el intento de ruptura de la igualdad de España", insistió.

La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, añadió a este debate durante una rueda de prensa en Toledo, señalando que la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha por parte de García-Page "queda muy en evidencia" y que la comunidad autónoma tiene una posición "muy clara" al respecto.

"Luchamos por la igualdad de todos los ciudadanos en este país; no se trata solo de recibir más, sino de recibir lo justo, de garantizar que se cuentan con los recursos necesarios para acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones. Esto se lo decimos al PSOE, al PP y a cualquiera que pretenda romper el principio de igualdad", destacó.

Asimismo, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, también abordó el tema. Haciendo hincapié en la Estrategia contra la Despoblación, recordó que en las áreas más afectadas, los costos de los servicios públicos son "considerablemente más altos" que en las zonas urbanas.

"Para asegurar la educación en estas áreas despobladas, necesitamos 3.136 profesores más en comparación con las zonas urbanas. El transporte escolar, por ejemplo, representa un gasto de más de 1.200 euros al año por alumno solo para garantizar que todos tengan acceso a la educación en el medio rural. En el sector de la salud, la atención de emergencia en Molina de Aragón cuesta 37 veces más que en Guadalajara capital, y estos costos deben ser asumidos por el sistema de financiación integral", explicó.