GUADALAJARA, 24 de enero.

El presidente de Castilla-La Mancha ha expresado su profunda inquietud respecto al bloqueo que se vive en la política nacional, un fenómeno que, según él, no solo obstaculiza el avance de cuestiones fundamentales, sino que también convierte a las comunidades autónomas en "víctimas invisibles". Esta crítica surge tras el reciente rechazo en el Congreso de los Diputados a las medidas que buscaban extender el escudo social y aumentar las pensiones, una decisión tomada por los votos en contra de Junts, PP y Vox.

Durante la inauguración de la nueva depuradora en Villanueva de la Torre, en Guadalajara, el líder regional ha calificado de "irresponsabilidad colectiva" el rechazo al decreto. Además, ha ampliado sus críticas a la parálisis en torno a los presupuestos generales y el techo de gasto, evidenciando la urgencia de un cambio en el panorama político.

García-Page ha sido claro al señalar que es necesario encontrar una solución al bloqueo actual: "No hay ganadores en este juego. Al final, todos salen perdiendo", afirmó, subrayando que esta situación perjudica a la política nacional y particularmente a los partidos de mayor envergadura.

A su vez, el presidente se ha mostrado consciente del impacto que este estancamiento tiene en los servicios públicos, advirtiendo que las comunidades autónomas se verán obligadas a implementar recortes drásticos. "Si no se establece un nuevo marco de gasto ajustado a la realidad de nuestra región, Castilla-La Mancha enfrentará una pérdida equivalente a 100 millones de euros", agregó con preocupación.

No obstante, García-Page ha reafirmado su compromiso de luchar para que las comunidades autónomas no se conviertan en víctimas del estancamiento político. "En nuestra región, no vamos a permitir recortes en los servicios públicos debido a esta parálisis", insistió, asegurando que este obstáculo político no afectará su empeño por cumplir con el déficit establecido.

Por último, el presidente ha vuelto a poner sobre la mesa la urgente necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica, un proceso que, según él, lleva más de diez años de retraso. "Esta situación está asfixiando de manera impresionante a los grandes servicios públicos, que son vitales para la ciudadanía", concluyó, haciendo un llamado a la acción para resolver este crítico dilema.