El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha revelado que su administración está en el proceso de elaborar un informe legal que les permita presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el reciente decreto ley que establece el reparto de menores migrantes no acompañados. Este decreto fue convalidado en el Congreso de los Diputados el pasado jueves.

Durante su participación en el ciclo 'Vecinos y amigos', organizado por el Heraldo de Aragón, García-Page no escatimó en críticas hacia la normativa en cuestión, describiéndola como un "drama" y un "atropello lamentable". El presidente regional argumentó que lo aprobado representa una "treta" del gobierno central que impone a las comunidades autónomas una noción de "solidaridad forzada", lo que, según él, resulta en un enfoque "burlesco" que va en contra del verdadero espíritu solidario.

García-Page se mostró particularmente preocupado por los términos del acuerdo, señalando que se establece un sistema en el que las comunidades deben acoger a un número determinado de menores migrantes, no sólo desde Canarias, sino abarcando a todos los que se encuentren en situaciones críticas a lo largo del país. Esta imposición, según su interpretación, evidencia una falta de diálogo con las autonomías y un déficit de apoyo estatal, que, a su juicio, se comporta como si dijera "yo invito y tú pagas".

El presidente se refirió a la redistribución de menores provenientes de Canarias y, en ocasiones, de Andalucía como algo que históricamente se había manejado a través de acuerdos consensuados. Reiteró que el verdadero problema no son los menores, sino aquellos que utilizan su situación para obtener réditos políticos. La reflexión de García-Page subraya la necesidad de un enfoque más humano y colaborativo en la gestión de este asunto tan delicado.