Page advierte sobre el límite ético del Gobierno de su propio partido ante posibles delitos ecológicos.

TOLEDO, 31 de marzo.

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció hoy la decisión del Gobierno regional de interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta acción busca forzar la implementación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, un tema que ha causado gran controversia. García-Page expresó su frustración por tener que llevar a cabo esta denuncia en los tribunales, señalando que es un "duro" paso que implica enfrentarse a un Gobierno del mismo signo político.

Durante su visita al Centro de Atención Directa (CAD) de la Asociación Daño Cerebral C-LM en Talavera de la Reina, el presidente hizo hincapié en la "falta de cumplimiento" de las sentencias relacionadas con los caudales ecológicos del río Tajo. Además, advirtió que esta situación podría ser interpretada por varios servicios jurídicos como un potencial "delito ecológico".

García-Page planteó una reflexión sobre el compromiso de los políticos, afirmando: "No sé cuántos funcionarios públicos en Castilla-La Mancha, y probablemente en otras comunidades, estarían dispuestos a anteponer los intereses de su tierra y a llevar ante los tribunales a un Gobierno de su propio partido".

El presidente subrayó que, a pesar de haber otorgado un "margen de más de un año" para la ejecución de las sentencias pertinentes, ha sido necesario tomar una "decisión práctica y clara" ante la inacción.

A pesar de la situación, García-Page se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar una "solución" que permita eventualmente "retirar el pleito" contra el Ejecutivo español, confiando en que se pueda encontrar un acuerdo satisfactorio para todos.