El día de hoy se ha llevado a cabo un importante operativo policial que ha logrado rescatar a 21 mujeres, la mayoría de origen latinoamericano, que estaban siendo explotadas sexualmente en pisos de varias provincias de España. En total, se han detenido a nueve personas implicadas en esta red de trata, con uno de los detenidos ubicado en Burgos.

Las víctimas fueron reclutadas en sus países de origen y traídas a España, donde eran obligadas a prostituirse para saldar una deuda de 7.000 euros con sus explotadores. Incluso llegaron a ser vendidas a otros grupos criminales por cifras cercanas a los 1.000 euros.

La Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha liderado esta investigación que se ha desarrollado en diferentes puntos del país, incluyendo registros domiciliarios en provincias como Ourense, Lugo, Burgos, Cuenca y Sevilla. Seis de los arrestos se realizaron en Galicia, cinco en Ourense, uno en A Coruña, y los demás en Burgos, Cuenca y Madrid.

Todo comenzó con la llegada a España de una posible víctima de trata, lo que alertó a las autoridades sobre la existencia de esta red criminal dedicada a explotar a mujeres. Tras intensas investigaciones, se logró localizar a la víctima y confirmar la presencia de la red en diversas provincias, donde operaban en pisos habilitados como prostíbulos.

Las mujeres explotadas se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad que sus explotadores aprovechaban al ofrecerles alojamiento en hoteles de Madrid, seguro médico y vuelos de vuelta para aparentar ante las autoridades que eran turistas. Además, recibían instrucciones sobre cómo actuar en la frontera para evitar levantar sospechas, antes de ser trasladadas a los pisos donde eran forzadas a prostituirse durante todo el día recibiendo solo el 50% de las ganancias.

Además, se ha revelado que la red vendía a algunas de las mujeres a otros grupos criminales dedicados a la explotación sexual por valores que rondaban los 1.000 euros. Los detenidos en esta operación enfrentan cargos por trata de seres humanos, prostitución forzada, pertenencia a organización criminal y favorecimiento de la inmigración ilegal.

En los registros realizados en Ourense, Lugo, Burgos, Cuenca y Sevilla, se han incautado ocho teléfonos móviles, 2.895 euros en efectivo y documentación relevante para la investigación en curso.