El Ministerio de Igualdad, bajo la dirección de Ana Redondo, tomará medidas para investigar las denuncias presentadas por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión 'No es terapia'. Esta organización ha denunciado que en siete diócesis de España se están llevando a cabo cursos y talleres que promueven la conversión sexual de personas LGTBI+.

El encuentro entre la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el presidente de la asociación 'No es terapia', Saúl Castro, ha sido central para trasladar la inquietud generada por esta situación. Castro, durante su reunión con Redondo, ofreció detalles específicos de la denuncia presentada a la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+.

Las diócesis mencionadas en la denuncia son Madrid, Getafe, Alcalá de Henares, Barcelona, Sigüenza-Guadalajara, Valencia y Málaga. En respuesta, el Ministerio de Igualdad se ha comprometido a examinar la denuncia con detenimiento, buscando determinar las acciones relevantes que se puedan implementar conforme a sus competencias.

Importante destacar es que la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de derechos de las personas LGTBI prohíbe explícitamente la práctica de cualquier método, programa o terapia que busque modificar la orientación o identidad sexual de las personas, incluso si existe el consentimiento de la persona afectada o de su representante legal.

El marco legal vigente también establece un régimen de sanciones que varía desde 200 euros hasta 150.000 euros, de acuerdo con la gravedad de las infracciones cometidas. Las infracciones leves pueden resultar en apercibimientos o multas de entre 200 y 2.000 euros, mientras que las infracciones graves, por no eliminar contenido ofensivo en redes sociales, podrían acarrear sanciones de 2.001 a 10.000 euros.

Las infracciones más severas, que son catalogadas como muy graves, incluyen la promoción de terapias o métodos de conversión, y están sujetas a penalizaciones de 10.001 a 150.000 euros. Estas medidas buscan frenar la difusión de prácticas nocivas que atentan contra la dignidad y derechos de las personas LGTBI+.

Julio del Valle, director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, subrayó la urgencia de abrir un debate social alrededor de las terapias de conversión, las cuales desnaturalizan la identidad de las personas y pueden dejar secuelas psicológicas que repercutan en diversos aspectos de su vida. “Los daños psicológicos que estas terapias causan pueden perdurar toda la vida y afectar gravemente su vida afectivo-sexual”, advirtió.

En un giro a la situación, la Archidiócesis de Madrid ha manifestado su rechazo a estas prácticas en consonancia con la postura del Vaticano, aunque ha aclarado que, hasta el momento, no han recibido denuncias formales. Esto indica un matiz en la narrativa de la Iglesia que podría abrir espacios para la reflexión interna.

La Diócesis de Getafe también ha expresado su desacuerdo con las terapias de conversión, explicando que la denuncia trata sobre conversaciones de personas que compartieron sus experiencias de conversión a la fe. Por otro lado, el Arzobispado de Barcelona se distanció de esta controversia, aclarando en un comunicado reciente que no están involucrados en la organización de tales iniciativas, atribuyéndolas a empresas privadas ajenas a su estructura.