Greenpeace ha denunciado que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de sus regadíos en zonas en las que debería reducirse el regadío de manera prioritaria, según ha señalado la organización. La comunidad castellano-manchega cuenta con zonas críticas para el regadío y con áreas que se encuentran en una situación insostenible debido al mal estado de las aguas subterráneas, por situarse sobre zona vulnerable a nitratos y haber sufrido ya un cambio de clima. Estas zonas críticas se concentran especialmente en Ciudad Real Oriental, Cuenca occidental y Toledo sudoriental. La organización ha señalado que el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel está muy comprometido debido a la presión que suponen las extracciones del regadío sobre el acuífero subyacente.

Greenpeace ha considerado necesario recortar el volumen de agua del regadío en España y racionalizarlo para lograr un reparto de los recursos hídricos que garantice la supervivencia de todos, ya que en la actualidad no hay agua para tanto regadío. La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha reclamado durante la presentación del informe La burbuja del regadío en España que los partidos expliquen su política hídrica durante el actual contexto electoral. El estudio indicó que desde 2004 a 2021 los regadíos legales han aumentado al menos en 536.295 hectáreas, de las cuales 14.884 hectáreas de riego se realizan en invernaderos. En total, en España se riegan 3,97 millones de hectáreas lo que, según Saldaña, supone que la extensión de regadío ha aumentado un 16% entre 2004 y 2021.

Greenpeace ha destacado que las comunidades autónomas con mayor superficie de regadío son Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cataluña y Región de Murcia. Las tres primeras suman el 56% de todo el regadío en España.

El responsable de la campaña de Agua de Greenpeace, Julio Barea, ha advertido de que las señales de alarma son evidentes ya que España es el segundo país con más estrés hídrico de Europa, ya que tiene un 75% del territorio en riesgo de desertificación. El regadío es el mayor consumidor de agua en España y el informe de Greenpeace pone "el cascabel al gato" al regadío. El 80% del agua se destina a la agricultura y la ganadería, otro 15% a consumo urbano y el 5% a uso industrial y el ahorro en el consumo se centra en el uso urbano e industrial y no en la agricultura.

Barea ha insistido en que el regadío se concentra cada vez en menos manos, lo que implica que no ayuda al fortalecimiento rural sino al enriquecimiento de cada vez menos personas a costa de la futura escasez de la mayoría. La organización ha afirmado que el agua es escasa, contaminada y mal gestionada y que el regadío en España es insostenible. El informe de Greenpeace ha señalado que el 16,23% de los regadíos españoles están en áreas tensionadas, por lo que son preferentes de reducción, empezando en primer lugar por los regadíos ilegales. Además, ve conveniente hacer un análisis socioeconómico de las explotaciones con los afectados.

Asimismo, Barea denunció que el 16,2% del regadío está en zonas con acuíferos en mal estado o vulnerables a nitratos y un 3,7% de ese regadío está en zonas donde ya ha cambiado el clima. El Guadiana es una de las cuencas que peor situación refleja, con un 38,06%, junto con Segura, cuencas de Baleares, Júcar, Mediterráneas Andaluzas, las cuencas internas catalanas y Guadalquivir.

La misma situación se da en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, donde ya se sitúan alrededor de una tercera parte de los regadíos en zonas tensionadas. El informe estima que el 13,8% de los regadíos están sobre zonas que afectan a espacios naturales protegidos y de gran interés ecológico, como el Mar Menor, las Tablas de Daimiel y Doñana, donde su estado es "algo crítico". Ante estas "señales de alarma evidentes", Greenpeace ha insistido en que es posible regar "como sin nada", pero que el regadío está concentrado en pocas manos y no ayuda al fortalecimiento rural sino a una futura escasez de la mayoría.

La ONG ha hecho un llamado a los partidos políticos para que definan su postura ante este problema en el contexto de las elecciones generales del 23 de julio y pide a los ciudadanos que exijan un compromiso medioambiental inequívoco a sus dirigentes.