TOLEDO, 3 Ene. - El Gobierno ha aprobado la concesión de incentivos regionales a través de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y una Orden del Ministerio de Hacienda. Estos incentivos se destinarán a un total de 102 proyectos en diez Comunidades Autónomas, entre ellas Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Canarias, Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Comunidad Valenciana.

El importe global de las subvenciones concedidas es de 261.269.202,72 euros, lo que permitirá movilizar una inversión total de 1.385.317.364 euros. Estos proyectos serán clave para mantener 12.486 puestos de trabajo y generar otros 2.502 empleos nuevos.

En el caso de Castilla-La Mancha, se han aprobado un total de 12 proyectos, tres de los cuales se incluyen en la Comisión Delegada y los otros nueve a través de una Orden Ministerial. Estas subvenciones se otorgan a empresas cuya inversión subvencionable no supere los 15 millones de euros.

Según la Delegación del Gobierno, estos 12 proyectos en Castilla-La Mancha recibirán una subvención de 31.448.065,25 euros y supondrán una inversión total de 153.052.033 euros. Asimismo, se prevé la creación de 536 nuevos empleos y la conservación de 2.102 puestos de trabajo.

Entre los proyectos de la Comisión Delegada se encuentran Laboratorios Liconsa S.A., con más de 8,5 millones de euros, Puy de Fou, con más de 9 millones, y Joma Sport, con más de 4,7 millones de euros.

En cuanto a los proyectos incluidos en la Orden Ministerial, se trata de Ibergum S.A., Biobab R&D, Valquer Laboratorios, Öztürk Quebap Producción, Daher Aerospace, Velilla Group, Bormioli Rocco, Hugworld International Distributions y Biometano Montes de Toledo.

Este año, en Castilla-La Mancha se han aprobado incentivos regionales para un total de 25 proyectos que requieren una inversión total de 254,2 millones de euros. Estas iniciativas han recibido una subvención de 53,3 millones de euros y han generado 764 puestos de trabajo, además de mantener otros 3.240 empleos.

Estas ayudas contribuyen al equilibrio económico entre territorios y al crecimiento económico inclusivo y sostenible, ya que respaldan proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles. Además, promueven la actividad económica en regiones con un menor nivel de desarrollo y ayudan a cerrar la brecha en términos de renta per cápita no solo dentro de España, sino también en comparación con el resto de regiones de la Unión Europea.