El PSOE impulsa la Ley de Acompañamiento presupuestario, sin respaldos del PP ni Vox.

TOLEDO, 26 de marzo. Este jueves, las Cortes de Castilla-La Mancha han sido el escenario de un intenso debate sobre la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, que ha conseguido la aprobación del PSOE gracias a sus 17 votos, en contraste con los 4 en contra de Vox y la postura disidente o abstencionista de los 12 representantes del PP, quienes pidieron que se votara artículo por artículo.

La ley, tal como salió de la Comisión de Economía y Presupuestos, ha sido respaldada con la incorporación de cuatro enmiendas del PSOE, aunque se han desestimado un total de 49 propuestas del PP y 16 de Vox. Entre las enmiendas rechazadas, destacaba una relativa a la restauración de la carrera sanitaria.

La diputada socialista Silvia Fernández García, encargada de defender la legislación, afirmó que este marco normativo busca "combinar eficacia administrativa, justicia fiscal y una reorganización eficiente en pro del bien común". Durante su intervención, desglosó los 20 artículos que componen la ley, organizados en tres capítulos, con el fin de potenciar la capacidad operativa de la Administración, estimular el desarrollo económico regional y mejorar la calidad de los servicios públicos.

Fernández enfatizó que los primeros 16 artículos están orientados a la "simplificación de trámites y optimización de los recursos humanos", mientras que el segundo capítulo abarca medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, estableciendo un 20% de financiación para jóvenes que encuentran dificultades para acceder a opciones hipotecarias ofrecidas por las entidades bancarias.

El contenido tributario de la ley incluye beneficios significativos, como una reducción del 40% en el impuesto de transmisiones para la primera vivienda y una actualización de los límites de valor de esta a 240.000 euros, lo cual representa un aumento del 33% con respecto a los 180.000 euros anteriormente establecidos.

Además, el tercer capítulo se enfoca en la simplificación administrativa, proponiendo la desaparición de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y la transferencia de sus funciones a la Consejería de Desarrollo Sostenible, con el argumento de minimizar la burocracia en la gestión.

Por su parte, el líder del PP, Paco Núñez, ha manifestado su desacuerdo con la ley, calificándola de "Ley Ómnibus", que a su juicio, agrupa diversas disposiciones para confundir al electorado. Núñez sostuvo que el Grupo Parlamentario Socialista solo está tratando de eludir la responsabilidad por la crisis de gestión pública al enredar los votos en favor y en contra.

Núñez planteó una alternativa al PSOE, que formalizó en una propuesta concreta: si aceptan la enmienda para recuperar la carrera profesional sanitaria, el PP votaría a favor de la ley. "Retiramos todas nuestras enmiendas, salvo las relacionadas con los servicios sociales y la carrera profesional", aseguró Núñez.

El diputado Santiago Serrano, al presentar las enmiendas del PP, resaltó que su rechazo por parte del PSOE constituiría el enésimo esfuerzo fallido para reinstaurar la carrera sanitaria, subrayando que sus propuestas en vivienda sugieren reformas fiscales mucho más efectivas.

Desde Vox, Francisco José Cobo defendió las 16 enmiendas de su grupo, que incluyen propuestas como garantizar la agilidad de respuesta administrativa y una modificación de la Ley de Servicios Sociales que busca reducir la politización de los datos estadísticos. Al igual que otros oradores, coincidió en criticar la naturaleza de "Ley Ómnibus" del texto presentado por el PSOE.

A lo largo del debate, el PSOE defendió su versión de la ley sin incluir modificaciones de la oposición, con Fernández argumentando que tales cambios no aportan valor sino que desvirtúan el texto original.

La diputada Ana Isabel Abengózar acusó a los populares de falta de seriedad y reiteró que la recuperación de la carrera profesional sanitaria será liderada por el presidente Emiliano García-Page, sugiriendo además que el PP debería disculparse ante los profesionales del sector por su anterior supresión.

Al cierre del debate, el consejero de Hacienda, Juan Antonio Ruiz Molina, expuso su apoyo a la ley y lamentó la negativa del PP a aceptar una transacción que favorecería la concesión de avales y préstamos para facilitar el acceso a la vivienda juvenil, apuntando que su rechazo muestra una desconexión con las preocupaciones de los ciudadanos.