TOLEDO, 21 de octubre. En una jornada marcada por la transparencia y la intención de fortalecer el tejido social de la región, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dado a conocer el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para el año 2026, que asciende a una cifra récord de 12.903 millones de euros. Este monto representa un crecimiento del 1,5% en comparación con el año anterior, sumando 187,2 millones más para asegurar un refuerzo en el gasto social y un equilibrio fiscal que no dependerá de nuevos endeudamientos ni de mayores cargas fiscales sobre los ciudadanos más vulnerables.

En la conferencia de prensa, Ruiz Molina destacó que, excluyendo los fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (MRR), el presupuesto no financiero se sitúa en 10.777 millones de euros, lo que implica un aumento significativo de 720,9 millones respecto a 2025. Este incremento del 7,2% va alineado con los objetivos de promover una cohesión social más robusta, estimular el crecimiento económico y luchar contra la despoblación, así como fomentar la sostenibilidad en el tejido empresarial de la comunidad.

El consejero subrayó la estabilidad política de Castilla-La Mancha como un aval para la solidez de estos presupuestos, especialmente en un contexto nacional donde aún persiste la incertidumbre acerca del Presupuesto General del Estado y los objetivos de déficit. Esta estabilidad se refleja en la calificación crediticia favorable de la región por parte de agencias como Moody’s, y en las estadísticas que posicionan a Castilla-La Mancha como un ejemplo de crecimiento, con la menor tasa de desempleo desde 2008.

El desglose del presupuesto revela un compromiso significativo con el gasto social, que alcanzará los 7.555 millones de euros. Este monto es parte de un crecimiento continuo desde 2015. Por su parte, el desarrollo económico contará con 3.232 millones, lo que también significa un notable aumento desde el inicio de esta legislatura. Ruiz Molina aseguró que estas cuentas llevarán a la incorporación de más profesionales y a mejoras en infraestructuras y servicios esenciales.

Entre las partidas más destacadas, la sanidad recibirá 4.058 millones, un aumento del 7,5%. Este esfuerzo busca no solo incrementar las plantillas, sino también potenciar la atención primaria y mejorar la infraestructura sanitaria, incluyendo proyectos de hospitales y áreas asistenciales clave en distintas localidades como Puertollano y Guadalajara.

La educación, por su parte, será acreedora de 2.487 millones, lo cual representa un incremento del 5,3%. Esta inversión está dirigida a reducir las ratio de alumnos por docente, ampliar la gratuidad de la educación y desarrollar un transporte escolar más accesible, todo ello con un enfoque en inclusión educativa y en fortalecer la Formación Profesional.

Los servicios sociales también recibirán una atención especial, con un presupuesto de 1.010 millones, aumentando un 7,7%. Estas partidas están destinadas a la mejora de la red de recursos asistenciales, la atención a la dependencia y el aumento de los servicios de atención temprana, todo en un esfuerzo por crear un entorno más solidario para los ciudadanos más vulnerables.

En cuanto a las políticas de generación de empleo y riqueza, se destinarán 3.232 millones para fomentar la actividad empresarial y modernizar el tejido económico de Castilla-La Mancha. Este esfuerzo incluye medidas específicas para facilitar la movilidad y crear un parque inmobiliario asequible, especialmente para los jóvenes, en el contexto de una transición ecológica y digital imprescindible para el futuro.

Las políticas contra la despoblación ocupan un lugar central en el presupuesto, con 2.116 millones reservados, reflejando un aumento de 402 millones desde 2023. Estas inversiones están orientadas a mejorar servicios públicos y a estimular el desarrollo económico en áreas menos pobladas.

Al analizar los gastos, Ruiz Molina detalló que el 42,8% del presupuesto está destinado a gastos de personal, lo que representa un notable esfuerzo en inversión en recursos humanos. También resaltó la importancia de las inversiones en infraestructuras, que se han visto incrementadas en un 23,5% desde 2023, en un esfuerzo por modernizar la comunidad.

Finalmente, el consejero resaltó las deducciones fiscales que beneficiarán a los sectores más desfavorecidos, lo que generará un ahorro de 390 millones en total, con partidas específicas que apuntan a la vivienda, la despoblación y la atención a personas con discapacidad. Ruiz Molina expresó su orgullo por estos presupuestos y manifestó su deseo de colaborar con otros partidos para enriquecer esta propuesta, abierta a la participación y el consenso político.