TOLEDO, 27 de noviembre. En un paso significativo hacia la consolidación de empleos en el sector público, el Gobierno de Castilla-La Mancha y las principales organizaciones sindicales de Función Pública han llegado a un acuerdo en la Mesa General de Negociación para aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP) del año 2025. Esta oferta contempla un total de 3.804 plazas dirigidas a personal administrativo, educativo no universitario y personal estatutario del Sescam.

El acuerdo de la OEP, promovido por el Ejecutivo regional, ha contado con el apoyo mayoritario de los sindicatos presentes en la mesa, que estuvo encabezada por el director general de Función Pública, José Narváez. También participaron en las conversaciones el director general de Recursos Humanos de Educación, Cultura y Deportes, José Manuel Almeida, y el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Íñigo Cortázar.

La distribución de las plazas en esta oferta se desglosa de la siguiente manera: 1.303 plazas para administración general, repartidas entre turno libre, discapacidad y promoción interna (827 para funcionarios y 476 para personal laboral); 910 vacantes en el ámbito educativo, con 867 destinadas a turno libre y discapacidad, y 43 a promoción interna; y 1.591 para el Sescam, de las cuales 1.429 son de turno libre y discapacidad, y 162 para promoción interna.

Es relevante destacar que esta oferta incluye un porcentaje del siete por ciento de las plazas destinadas a ser ocupadas por personas con discapacidad, asegurando que el dos por ciento se reserve específicamente para quienes tengan discapacidad intelectual, mientras que el cinco por ciento restante será para otros tipos de discapacidad.

Una vez finalizada la reunión de la Mesa General de Negociación, la OEP será presentada al Consejo de Gobierno, mediante una propuesta de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, para su ratificación por parte del Ejecutivo regional.

Este nuevo conjunto de oportunidades se suma a las ofertas de empleo público previas que ha promovido el Gobierno autonómico, como parte de un considerable plan para fortalecer los servicios públicos. Desde 2015, se han creado más de 30.000 puestos de trabajo en la región, lo que refleja un claro compromiso con la creación de empleo estable.

El objetivo primordial de esta oferta es combatir la alta tasa de temporalidad en el sector público de Castilla-La Mancha, que es una de las más bajas de España, al tiempo que se busca reforzar las plantillas, facilitar el acceso al empleo en la administración, propiciar oportunidades de promoción interna y mejorar la inclusión de personas con discapacidad en la función pública, buscando así elevar la calidad de vida de la ciudadanía y optimizar los servicios ofrecidos por la administración regional.

A pesar de este avance, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que es el sindicato mayoritario en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, ha expresado su preocupación. Aunque reconocen que la OEP está alineada con la tasa de reposición de los presupuestos, critican que no aborda de manera contundente la elevada temporalidad que persiste en los servicios públicos de la región.

CSIF señala que la tasa de reposición ha sido un "obstáculo insalvable" y que su eliminación ha sido uno de los logros conseguidos recientemente en colaboración con el Ministerio de Función Pública, que también ha permitido mejoras salariales y laborales. Aseguran que es fundamental abolir esta tasa para erradicar la temporalidad y reforzar las plantillas, que han sido debilitadas por recortes en efectivos y restricciones en la contratación.

Si bien CSIF valora la intención del Gobierno de convocar 3.437 plazas, divididas entre sanidad, educación y administración general, insisten en que la tasa de temporalidad en esos sectores alcanza el 36,7%, con un impacto más grave en educación y sanidad, lo que afecta directamente la calidad de los servicios a la ciudadanía.

Asimismo, el sindicato destaca la insuficiencia de plazas en categorías específicas y la falta de una tasa adicional para jubilaciones parciales anticipadas para el personal laboral de la Junta de Comunidades. Por todas estas razones, CSIF ha decidido abstenerse de votar en señal de disconformidad con la OPE 2025 propuesta por la Junta de Comunidades.