Una reciente investigación policial ha desmantelado una operación criminal en la que se intentaba distribuir de manera masiva 3,5 millones de pilas falsas peligrosas en el área de Fuenlabrada y otros comercios. La operación tuvo lugar tras el apagón de abril, cuando la demanda de baterías se disparó, lo cual fue aprovechado por una organización clandestina que se había instalado en Toledo.

El operativo, llevado a cabo el pasado 10 de junio por miembros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, así como del equipo de Propiedad Intelectual e Industrial, tuvo como resultado la entrada a tres naves industriales, donde se encontraron no solo las pilas falsificadas, sino también las máquinas utilizadas para su confección.

En total, se detuvo a seis individuos de origen asiático, quienes no tenían antecedentes criminales y que están acusados de múltiples delitos, entre ellos los relacionados con la salud pública y la propiedad industrial. Aunque han comparecido ante el juez, ya han sido liberados en espera de juicio.

El jefe de la Brigada de Extranjería y Frontera, Víctor de las Heras, explicó que la organización criminal vio una oportunidad económica tras el apagón y se dispuso a producir y distribuir pilas en grandes cantidades. Sin embargo, su operación fue interrumpida antes de que lograran concretar sus planes debido a la investigación policial.

Los agentes recuperaron una cadena de producción con dos máquinas diseñadas para la falsificación, así como un enorme stock de pilas y otros productos ilegales, que incluían 12 millones de cartas de juego, tabaco de liar y mecheros. Todo esto estaba destinado a ser distribuido, principalmente, en el sector de pequeñas tiendas y grandes superficies.

La organización utilizaba un modus operandi sofisticado, escondiendo su actividad en un contexto de normalidad propio de los polígonos industriales. Gracias a los contactos de la policía con las marcas legítimas, se pudo detectar una caída en las ventas de pilas, lo que generó sospechas y llevó a la investigación.

Las naves estaban equipadas con maquinaria avanzada que les permitía fabricar hasta 30.000 pilas diarias, en condiciones que ponían en riesgo la salud de los consumidores, pues estos productos no cumplían con las regulaciones de seguridad necesarias y podían causar incendios o explosiones.

Con el propósito de ocultar su actividad, los trabajadores vivían en las propias instalaciones, lo que dificultó aún más su detección. Además, habían construido una habitación para amortiguar los ruidos generados por las máquinas, minimizando así el riesgo de ser descubiertos.

Tras la intervención, se emplearon hasta siete camiones para trasladar la inmensa cantidad de productos falsificados y el equipo de producción incautado. Los detenidos, tras ser llevados ante la autoridad judicial, enfrentarán cargos por delitos graves contra la propiedad industrial, el mercado y los consumidores.