El Gobierno regional de Castilla-La Mancha ha aprobado en Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, con el objetivo de fortalecer las políticas sociales en ámbitos como la educación, la cultura, los servicios sociales y el empleo público, y también para brindar mayor seguridad jurídica a las acciones de la Administración regional en diversos ámbitos.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha detallado estas medidas en una rueda de prensa celebrada en Toledo. Este proyecto de ley, conocido como Ley de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos de 2025, implica cambios en doce leyes regionales que se incluyen en un único texto legal para su aprobación en las Cortes autonómicas.

Entre las modificaciones propuestas, se encuentra la gratuidad del transporte escolar para estudiantes de bachillerato en zonas rurales escasamente pobladas, ajustes en la representación en consejos escolares y la protección de letrados del Gabinete jurídico en casos de tutela.

Además, se destacan medidas para agilizar procesos selectivos en empleo público, la ampliación de beneficios fiscales al mecenazgo cultural y deportivo, y la regulación del acceso a salones de juego con medidas de seguridad biométrica en línea con normativas europeas.

Se mejora también la regulación del canon urbanístico y se incluyen nuevas categorías de protección al patrimonio cultural, como el paisaje cultural y la Evaluación de Impacto Patrimonial, con el fin de conservar y proteger los bienes culturales de la región.

En el ámbito administrativo, se permitirá que entidades del sector público local sean asistidas por el Gabinete Jurídico de la Junta, se realizarán ajustes en la normativa regional respecto al abono de prestaciones por desempleo de altos cargos cesados, y se detallará el momento de incorporación de informes de impacto en documentos presupuestarios.

En resumen, este proyecto de ley busca fortalecer las políticas sociales, brindar seguridad jurídica a la Administración regional y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos, gracias a la estabilidad política en la comunidad autónoma que ha permitido un intenso desarrollo legislativo en beneficio de la ciudadanía.