
Los sindicatos CCOO y UGT han hecho un llamado urgente a los partidos políticos para que aprueben, "sin más dilaciones", la revalorización de las pensiones que beneficiarán a más de 10 millones de pensionistas en España. Esta petición se enmarca en una serie de movilizaciones que se llevarán a cabo el domingo 2 de febrero en diversas ciudades del país, donde se espera una amplia participación ciudadana.
Las principales ciudades de Castilla-La Mancha, como Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, serán escenarios de concentraciones en plazas emblemáticas para que la voz de los trabajadores y pensionistas resuene con fuerza. El objetivo es visibilizar el uso "oportunista" de la protección social por parte de algunas formaciones políticas, lo que pone en riesgo medidas fundamentales, incluidos los derechos de los pensionistas y las ayudas al transporte.
Bajo el lema "Con los derechos de la gente no se juega", Unai Sordo y Pepe Álvarez, los líderes de CCOO y UGT, se manifestarán en Madrid en la Plaza Jacinto Benavente a las 12:00 horas. La movilización busca presionar a los grupos parlamentarios para que cumplan con sus compromisos y ratifiquen el nuevo real decreto ley sin más demora, dado que su aprobación es crucial para garantizar la seguridad social de millones.
Los sindicatos han convocado acciones en todas las comunidades autónomas, exigiendo a los partidos que prioricen las necesidades de la ciudadanía sobre intereses políticos. En su declaración conjunta, enfatizan que el Parlamento debe estar "al servicio de la gente" y no convertirse en un campo de estrategia política que menoscabe la confianza en las instituciones democráticas.
La movilización surge también a raíz de la inacción respecto al primer decreto 'ómnibus', que puso en riesgo a numerosos colectivos, incluidos pensionistas, beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y aquellas personas que dependen de ayudas frente a catástrofes como la DANA o el volcán de La Palma. La falta de convalidación de este decreto manifiesta la necesidad de un cambio en la forma en que se gestionan estos derechos.
CCOO y UGT han declarado que no pueden permitir que los derechos sociales sean utilizados como monederos políticos en debates innecesarios sobre la presentación de medidas, y han instado a la clase política a dejar a un lado estas estrategias que perjudican a la población. Unai Sordo hizo un llamado a mantener una vigilancia constante sobre las leyes que se tramiten en el Congreso para asegurar que cumplan con las expectativas de los ciudadanos.
Pepe Álvarez ha manifestado que la movilización tiene como propósito enviar un "toque de atención" sobre la percepción de que el contenido del nuevo decreto está "lejos de las necesidades" actuales de la sociedad española. A pesar de que se ha conseguido aprobar un nuevo decreto 'ómnibus', las organizaciones sindicales continúan con sus acciones en las calles, exigiendo un compromiso y responsabilidad por parte de la clase política.
La lucha de los sindicatos se centra en que no se comprometa más la protección social de la mayoría, y que el Gobierno reafirme su compromiso de legislar para reducir la jornada laboral a 37,5 horas. Esta reforma sigue siendo urgente, especialmente en un contexto donde la falta de presupuestos generales pone en riesgo muchas políticas públicas cruciales para el bienestar social.
Finalmente, en lo que respecta a las pensiones, CCOO y UGT han reiterado su posición sobre la necesidad de preservar la sostenibilidad del sistema público, así como implementar las medidas acordadas en el diálogo social, que incluyan acciones como la cuota de solidaridad para salarios altos y el refuerzo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Sin embargo, han criticado a aquellos partidos que apoyan la revalorización de las pensiones, pero se oponen a los ingresos que la hacen viable, destacando que esta contradicción pone en peligro el sistema y podría conducir a su privatización.
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