TOLEDO, 3 de enero. En un paso significativo hacia la robustez financiera y el bienestar social, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha hecho pública en su edición del pasado viernes la nueva normativa emanada de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital. Este reglamento establece las pautas y procedimientos que facilitarán una administración eficaz de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2025, asegurando así una gestión presupuestaria disciplinada y responsable.

Los objetivos establecidos para el actual ejercicio presupuestario subrayan el compromiso del gobierno regional con el fortalecimiento de los servicios y prestaciones esenciales que sustentan el Estado del Bienestar. Al mismo tiempo, se busca fomentar un entorno propicio para la reactivación económica, con especial énfasis en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, así como en promover el sector primario, considerado una pieza clave en la economía de la región. Además, se reconocerá el desafío demográfico como una prioridad en la planificación presupuestaria, tal como ha informado la Junta a través de un comunicado.

Las cuentas del Ejecutivo regional para el presente año se elevan a 12.716 millones de euros, lo que representa un aumento del 0,9 por ciento en comparación con el ejercicio anterior. Esta significativa inversión tiene como fin destinar 7.125 millones de euros a la financiación de servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, lo que se traduce en un incremento de 2.625 millones respecto a lo asignado en 2015.

En lo que respecta a las políticas de estímulo al crecimiento económico y la generación de empleo, el presupuesto supera los 3.080 millones de euros, es decir, 1.200 millones más que lo estipulado en 2015, lo cual representa un notable incremento del 64 por ciento. Asimismo, se refuerza la atención a la problemática de la despoblación, contemplando que la Estrategia Regional frente a este desafío contará con 2.037 millones de euros, un seis por ciento más que la asignación del año anterior, distribuidos en cuatro áreas clave: servicios públicos, desarrollo económico, bienestar social y cohesión territorial.