Castilla-La Mancha planifica presupuesto del 2025 sin contar con nuevas reglas fiscales.

El Gobierno de Castilla-La Mancha se encuentra en plena elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta Comunidades para el año 2025. Esta tarea se lleva a cabo teniendo en cuenta el marco presupuestario actual, ya que aún no se han definido las nuevas reglas fiscales por parte de la Comisión Europea y los Estados Miembros.

Una vez se conozcan los términos de las próximas reglas fiscales, se realizarán las adaptaciones necesarias para garantizar la estabilidad presupuestaria, según lo establecido en la orden sobre las normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta Comunidades Castilla-La Mancha para el año 2025, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Dentro de esta orden se establece que los Presupuestos Generales deberán integrarse en el marco presupuestario a medio plazo y respetar los límites de gasto no financiero, conforme a la legislación comunitaria y nacional en materia de estabilidad presupuestaria.

En este proceso, se encomienda a la persona titular de la consejería de Hacienda la tarea de precisar la estructura del presupuesto, el procedimiento para su elaboración, la documentación necesaria y los plazos de presentación.

Las prioridades para los Presupuestos de 2025 incluyen reforzar los servicios esenciales vinculados al Estado del Bienestar, impulsar la actividad económica, fomentar el empleo y combatir la despoblación en la región.

Además, se destaca la importancia de desarrollar eficazmente la política económica y social regional, manteniendo una red de servicios públicos de calidad, atendiendo las necesidades del tejido productivo y contribuyendo al crecimiento económico y la creación de empleo.

En cuanto a la lucha contra la despoblación en los territorios más vulnerables, se seguirá fortaleciendo esta política, en la que Castilla-La Mancha es pionera en España, tanto a nivel legislativo como fiscal.

Entre los criterios generales de elaboración de los Presupuestos de 2025 se incluye la mejora de la eficiencia en la prestación de servicios, la promoción de la austeridad en el funcionamiento de los organismos públicos y la priorización de acciones cofinanciadas por otras administraciones o la Unión Europea.

Asimismo, se subraya la importancia de incluir un enfoque transversal en el análisis de las cuentas públicas, que abarque el impacto de género, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, el impacto en la infancia y la respuesta a la despoblación.