TOLEDO, 21 de marzo. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido dar un paso significativo en la defensa de los intereses económicos de la región, al anunciar la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Esta medida fue confirmada por el presidente regional, Emiliano García-Page, en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno que se celebró recientemente.

Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, aclara que este recurso no está dirigido en contra de ninguna entidad, sino que busca garantizar el bienestar de la ciudadanía castellano-manchega. Según él, es esencial que los derechos e intereses de los ciudadanos sean siempre la prioridad en este tipo de decisiones.

Durante una rueda de prensa, Ruiz Molina explicó que el Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades, junto al Consejo Consultivo, ha hallado fundamentos suficientes para impugnar el criterio de distribución del nuevo impuesto a la banca. Esto implica que la Junta considera que la fórmula elegida para repartir los ingresos generados por este gravamen carece de legitimidad.

El consejero enfatizó que la acción no cuestiona la existencia del impuesto en sí, sino más bien los métodos establecidos para la distribución de lo recaudado entre las diferentes comunidades autónomas. Este aspecto es lo que ha motivado la decisión de interponer la demanda ante el Tribunal Constitucional.

El recurso se fundamenta en tres argumentos clave. El primero de ellos señala que el mecanismo de reparto se implementó sin la participación adecuada de las comunidades autónomas, lo que limita su capacidad de diálogo y negociación. Ruiz Molina subrayó la necesidad de que estas entidades sean escuchadas en asuntos que les afectan directamente.

El segundo argumento sostiene que la ley que regula este impuesto debería haber sido tramitada como una ley orgánica en lugar de una ordinaria. Para finalizar, el tercero hace hincapié en que el actual reparto infringe el principio de solidaridad, un pilar fundamental en la organización territorial del país, según el consejero.

Ruiz Molina reiteró que el objetivo del recurso es salvaguardar los intereses de los ciudadanos castellano-manchegos, reiterando así su compromiso con el bienestar de la región. La defensa de los intereses locales es lo que impulsa esta acción, enjuiciando las decisiones que pueden perjudicar a la comunidad.

Otro punto de interés que destacó el consejero es el impacto económico que el actual reparto podría tener sobre Castilla-La Mancha. Según sus cálculos, esta distribución podría costarle a la región hasta 15 millones de euros. La utilización de un criterio basado en el Producto Interno Bruto (PIB) podría resultar en una pérdida considerable, mientras que una evaluación más justa basada en la población ajustada podría beneficiar a la comunidad con un ingreso mucho mayor, de aproximadamente 75 millones de euros.