C-LM presenta demanda al Estado por normas de explotación y critica a Aagesen por su falta de transparencia.
TOLEDO, 31 de marzo. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado la decisión este martes de interponer un recurso contencioso administrativo ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este paso busca que se implementen nuevas normas de explotación relacionadas con el trasvase Tajo-Segura, en un contexto donde el Ejecutivo regional ha manifestado su frustración por la falta de comunicación directa con la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen. A pesar de las múltiples solicitudes de reunión, aún no han podido establecer un diálogo fructífero.
Durante una rueda de prensa, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, enfatizó que es importante recordar que el presidente regional, Emiliano García-Page, lleva esperando más de seis meses una reunión con Aagesen, quien asumió su cargo hace más de 16 meses. También, la consejera ha señalado que ella misma ha estado aguardando una cita durante más de un año, lo que evidencia la falta de atención hacia las necesidades de la comunidad desde el Gobierno central.
Gómez dejó claro que "no compartimos este estilo de negociación ni esta visión de la política", refiriéndose a la inacción en las discusiones sobre temas críticos para Castilla-La Mancha. Con esta demanda, el Ejecutivo regional busca instar al Estado a actuar decisivamente sobre la modificación de las reglas que rigen este controvertido trasvase.
La urgencia de esta solicitud se basa en un alarmante "balance hídrico negativo" que ha surgido como consecuencia del trasvase, así como en el daño ecológico "irreversible" que se ha ocasionado en al menos cinco espacios protegidos de Castilla-La Mancha incluidos en la Red Natura 2000. Gómez también mencionó que han identificado "irregularidades en los caudales ecológicos establecidos para el año 2025", lo cual ha generado un creciente malestar en el Gobierno regional.
Frente a esta problemática, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha hace un llamado al Estado para que "tome cartas en el asunto" y lleve a cabo la crucial modificación de las reglas de explotación que afectan al trasvase. Gómez declaró que, si el recurso es admitido a trámite, la Junta se reserva el derecho de solicitar medidas cautelares que considere necesarias.
En una retrospectiva a lo largo de 47 años de trasvase, hasta el 29 de marzo de 2026, se han trasladado más de 15.148 hectómetros cúbicos de agua, lo que podría equivaler a llenar 15.148 piscinas olímpicas o proporcionar abastecimiento a más de 63 millones de hogares. A pesar de que actualmente las condiciones parecen favorables debido a un periodo húmedo, Gómez advierte que esto es un “espejismo” y que las reglas de explotación deben ajustarse a la realidad actual para garantizar que el Tajo pueda fluir como un río vivo, con un caudal suficiente para sostener la vida y la vegetación ribereña.
La consejera subrayó la insostenibilidad de la situación, recordando que el río Tajo es el único en el país que carece de caudal ecológico, mientras que todos los demás ríos de España disfrutan de esta protección. Además, Gómez hizo referencia a la expectación sobre sentencias pendientes del Tribunal Supremo, relacionadas con demandas del Scrats y la Diputación de Alicante, que cuestionan los caudales ecológicos del río Tajo.