TOLEDO, 29 de mayo.

En un reciente pronunciamiento, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, expresó su confianza en que el nuevo Estatuto autonómico sea considerado en el Congreso de los Diputados antes de fin de año. La aprobación final de este documento histórico, que se espera recibir luz verde en el Parlamento regional este jueves, se proyecta para el año 2026, apoyada por un acuerdo entre el PP y el PSOE en la comunidad.

Durante una entrevista en Radio Castilla-La Mancha, Martínez Guijarro describió esta normativa como un legado para las próximas dos generaciones, subrayando su carácter de "hito histórico" para la Comunidad Autónoma. La continuidad de la democracia y el fortalecimiento institucional en la región son temas centrales en su discurso.

El vicepresidente destacó el actual "clima de diálogo" existente con la oposición, señalando el progreso hacia un acuerdo que implicó la participación activa de la sociedad civil. "Esto debería ser la norma en todo el país", afirmó, en un llamado a una política más colaborativa y constructiva.

Respecto al proceso en el Congreso, Martínez Guijarro indicó que, a pesar de las complicaciones inherentes, la voluntad de consenso debería facilitar la aprobación del Estatuto. En su opinión, resulta incomprensible que el PP regional apoye la medida a nivel autonómico pero se oponga en el ámbito nacional.

El diseño de este nuevo Estatuto ha sido el resultado de un enfoque respetuoso y consensuado, evitando las divisiones que dificultaron intentos anteriores hace más de una década. Martínez Guijarro se refirió a importantes aspectos que aborda el documento, como la gestión del agua, los aforamientos y la creación de una Agencia Tributaria propia, además de resaltar su compromiso con la defensa y promoción de las áreas rurales.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el posible impacto de un adelanto electoral en el ámbito nacional sobre la tramitación del Estatuto, no dudó en reconocer que podría ocasionar un retraso de entre seis y ocho meses en su recorrido, lo que consideró "no sería bueno" para el avance legislativo en la comunidad.