En un giro preocupante para las finanzas públicas, el rechazo del Congreso de los Diputados a la propuesta de la senda de estabilidad para 2026-2028 ha dejado a varias comunidades autónomas en una situación difícil. Este bloque de votos, que incluye al PP, Vox, Junts y UPN, resultará en una significativa reducción del margen de gasto en regiones como Madrid, Cataluña y Andalucía.

La estimación del Ministerio de Hacienda es clara y alarmante: de aquí a 2028, las comunidades autónomas perderán un total de 5.485 millones en capacidad de gasto. El ajuste surge tras la aprobación de un plan fiscal estructural más severo, que impone un objetivo de déficit del 0%, a diferencia del 0,1% previamente propuesto, lo que limitará los recursos disponibles para estas regiones.

En particular, Madrid sufrirá el mayor golpe, con una reducción estimada de aproximadamente 1.088 millones de euros. Cataluña le sigue de cerca, con una pérdida de 1.038,7 millones, y Andalucía también verá afectada su capacidad de inversión en 731,4 millones, según los datos proporcionados por el Ministerio que lidera María Jesús Montero.

Otras comunidades también se enfrentarán a recortes significativos, incluyendo a la Comunidad Valenciana, que perderá 509,9 millones, y Galicia, con 280,8 millones menos. Castilla y León, Canarias, Castilla-La Mancha, Aragón y las Baleares se encuentran en la lista de afectadas, con pérdidas que oscilan entre los 200 y los 150 millones, mientras que regiones como Murcia y Asturias tienen recortes más moderados pero igual de preocupantes.

Ante este panorama, el Ministerio de Hacienda no se rendirá y acudirá nuevamente al Congreso con la misma propuesta de senda. Si el rechazo se repite, el Gobierno se verá obligado a avanzar en la elaboración de los Presupuestos Generales de 2026 basándose en las pautas enviadas a Bruselas en 2024, en cumplimiento con las nuevas normativas fiscales europeas.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, expresa su esperanza de que el proyecto de Presupuestos del próximo año sea presentado ante el Congreso a principios o mediados del primer trimestre de 2024. Su objetivo es que las nuevas cuentas públicas puedan ser aprobadas en algún momento de abril o mayo, lo que es crucial para el futuro económico de las comunidades afectadas.