CUENCA, 22 de julio. En un preocupante giro de los acontecimientos, la Guardia Civil de Cuenca ha arrestado a un hombre de 58 años bajo sospecha de múltiples delitos, que incluyen estafa, usurpación de estado civil y extorsión. Además, otro individuo está bajo investigación por su colaboración en estos delitos.

La investigación se inició tras la denuncia de una víctima que, después de dejar su empleo como camarero en un establecimiento rural de propiedad del ahora detenido, reveló haberse visto forzada a trabajar en circunstancias sumamente adversas. Denuncia que incluía la falta de descansos, ausencia de vacaciones, y un salario irrisorio de tan solo 40 euros semanales.

Al intentar acceder a prestaciones por desempleo y otras ayudas sociales a través del Servicio Público de Empleo Estatal, la víctima descubrió que su exempleador había registrado su baja laboral en 2020 sin su conocimiento y había presentado una baja voluntaria falsa, según un comunicado oficial de la Guardia Civil.

La investigación, llevada a cabo por la Compañía de Tarancón, reveló que el propietario del establecimiento no solo vulneró los derechos laborales más fundamentales, sino que también había falsificado documentos para solicitar ayudas sociales, como el Ingreso Mínimo Vital, en nombre del trabajador, apropiándose de los fondos que nunca llegaron a su legítimo dueño.

Además, se determinó que el detenido forzó a la víctima a firmar contratos y entregar información personal que terminó perjudicándola. En una serie de maniobras engañosas, el empleador simuló transacciones de propiedades con el único fin de beneficiarse económicamente, dejando a la víctima en una situación de vulnerabilidad extrema, obligándola incluso a recurrir a la caridad para sobrevivir.

En el transcurso de esta investigación, también se ha señalado a un abogado como coautor en los delitos de estafa y usurpación de estado civil, al haber facilitado trámites legales que perjudicaron a la víctima, aprovechando su confianza y su falta de comprensión de la situación.

Las acciones de la Guardia Civil han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón, donde se evaluarán las acciones a seguir en este inquietante caso que expone la precariedad laboral en ciertos sectores y la necesidad urgente de proteger los derechos de los trabajadores.