Sindicatos luchan contra la restricción de la Junta que frena la carrera profesional de los empleados públicos.
TOLEDO, 26 de marzo.
Este jueves, representantes de los sindicatos CSIF, STAS, CCOO y UGT se han congregado frente a la Dirección General de Función Pública en una manifestación que demanda la reversión de la reciente decisión del Gobierno regional, la cual restringe la posibilidad de que los empleados públicos accedan a la excedencia por prestación de servicios en la Administración, limitando, así, sus opciones de promoción profesional.
Victoria Ortiz, miembro de CSIF, ha manifestado su "enérgico desacuerdo" ante la inminente modificación de la Ley de Empleo Público que el PSOE pretende implementar mediante enmiendas al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, el cual se someterá a aprobación en las Cortes regionales este mismo día.
Según Ortiz, esta modificación representa "un ataque a un derecho ya reconocido", que permitía a los funcionarios de carrera, como aquellos en puestos de auxiliar administrativo, aspirar a cargos de mayor nivel y acumular méritos para así avanzar profesionalmente a través de un proceso de concurso-oposición.
La representante sindical ha señalado que este recorte impedirá la promoción profesional de los funcionarios, sin considerar si cuentan con las titulaciones necesarias para ocupar esos puestos, lo que ha llevado a CSIF a manifestarse "en contra de esta decisión".
En la misma línea, Gustavo Fabra del STAS, ha criticado al Gobierno regional por intentar implementar recortes en la carrera profesional mediante una ley ómnibus, a través de una enmienda presentada sin el correspondiente diálogo social y negociación.
Fabra ha dejado claro que este tipo de acciones envían un mensaje contundente sobre la falta de compromiso del presidente Page con la negociación colectiva, señalando que es imperativo que se retire la enmienda y que se convoque de inmediato una mesa de diálogo que fomente el desarrollo de la carrera profesional para el personal funcionario, al igual que se hace con el personal del Sescam.
Juan Bautista González, de Comisiones Obreras, recordó que la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha fue acordada previamente con los sindicatos, pero su ejecución ha sido ignorada por la Administración durante más de una década, dejándola estancada y sin mejoras para los empleados públicos.
González aseguró que las escalas y otros aspectos vinculados a la carrera profesional aún no han recibido atención desde su aprobación en 2011, y que la Administración ahora busca hacer cambios normativos a través del Parlamento sin consulta previa a los trabajadores, lo que representa un perjuicio claro para el personal.
Rocío Jiménez de UGT Toledo añadió que la reforma no solo impacta a los funcionarios, sino también a todos los trabajadores del sector público, incluyendo personal laboral y estatutario, menoscabando sus derechos a la carrera profesional, algo que en otras comunidades sí está en vigor y que, en Castilla-La Mancha, permanece paralizado desde hace 15 años.
Los sindicatos cuestionan la necesidad y eficacia de esta enmienda, que, según ellos, "no produce ahorros" y que únicamente busca flexibilizar el acceso a puestos mediante contratación de personal de categorías inferiores, lo que a su vez podría perjudicar la experiencia acumulada por los trabajadores de la Administración.
Victoria Ortiz concluyó su intervención señalando que la enmienda se aprobará "sin negociación alguna", y criticando que este tipo de acciones representan un claro retroceso para el ámbito laboral: "No estamos avanzando; estamos retrocediendo en derechos", sentenció.
Los sindicalistas se retiraron de la Mesa Sectorial de personal funcionario en señal de protesta, afirmando que el objetivo de la Junta es reducir la cantidad de personal interino, lo cual, a su juicio, conlleva una pérdida de eficiencia dentro de la Administración pública.
Fabra destacó que la pérdida de profesionalidad a cambio de políticas de discrecionalidad y de una Administración que carece de control sobre las decisiones que afectan a la clase política es preocupante, y exigió una carrera profesional basada en criterios objetivos, donde los méritos y las capacidades sean la base fundamental para el progreso profesional de los funcionarios.