Guadalajara refuerza la legislación sobre prostitución y aplicará multas por accesar sin permiso a instalaciones deportivas.

GUADALAJARA, 24 de marzo.

Este martes, el Ayuntamiento de Guadalajara ha dado un paso significativo al aprobar en la Junta de Gobierno una modificación en la ordenanza municipal de convivencia. Esta reforma, que actualiza un texto que llevaba en vigor desde 2009, introduce sanciones más severas para las conductas asociadas a la prostitución. Por primera vez, también se regulará el acceso indebido a las instalaciones deportivas municipales a través de multas.

La modificación, que surge de las áreas de Seguridad Ciudadana, Igualdad y Deportes, tiene como objetivo principal la lucha contra la explotación sexual. Entre las nuevas disposiciones, se incluirá una grave infracción sancionada con multas que oscilarán entre los 1.500 y 3.000 euros para quienes promuevan el consumo de prostitución, que abarca desde acercar clientes a zonas de explotación hasta fomentar el mercado sexual.

El concejal de Igualdad, Roberto Narro, ha enfatizado que esta modificación se ha llevado a cabo en respuesta a las solicitudes de la Mesa de la Trata, marcando un "cambio de paradigma" en la política, que ahora busca responsabilizar a los clientes en lugar de a las mujeres que se encuentran en situaciones de prostitución o trata. Además, se prohibirá cualquier tipo de publicidad que cosifique a las mujeres o que incentive el turismo sexual, tanto en medios impresos como en espacios públicos.

La nueva normativa también se enfoca en la protección de menores, asegurando que las actividades relacionadas con la prostitución se mantengan alejadas de lugares sensibles como escuelas y parques infantiles. Asimismo, se establece la obligación de la comunidad para colaborar en la identificación de posibles casos de explotación. La Policía Local, por su parte, obtendrá mayores herramientas para inspeccionar y actuar en lugares donde se sospechen estas prácticas.

Paralelamente, la ordenanza incluirá un capítulo dedicado a la regulación del uso de las instalaciones deportivas municipales, en respuesta a las demandas de trabajadores y usuarios que han vivido situaciones de acceso ilegal a estos recintos. La modificación permitirá sancionar a quienes vulneren estas normas, con multas que oscilarán entre 750 euros en los casos menos graves y hasta 3.000 euros en situaciones más serias, dependiendo de su gravedad.

Chema Antón, concejal de Seguridad Ciudadana, mencionó que esta reforma responde a un enfoque de eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica, tras un proceso de consulta pública realizado entre octubre y noviembre de 2025.

La ordenanza mantiene un carácter no confiscatorio, ofreciendo alternativas a las sanciones monetarias, como trabajos en beneficio de la comunidad o medidas educativas para menores. Después de ser aprobada en la Junta de Gobierno, el documento seguirá adelante en el proceso administrativo, transitando por la comisión correspondiente, su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y la aprobación final en pleno, con la esperanza de que entre en vigor en junio.