El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Puertollano a indemnizar con 405.000 euros a una guardería cerrada por falta de viabilidad económica.

El Tribunal Supremo ha respaldado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que había condenado al Ayuntamiento de Puertollano a compensar con 405.807 euros a la empresa Servicios Infantiles Dulcinea. Esta acción judicial se desencadenó tras la renuncia de la empresa al contrato de concesión de 50 años para operar en una parcela de la ciudad industrial, adjudicada para el uso privado.

La razón principal que motivó a Dulcinea a desistir del proyecto fue la falta de rentabilidad, que no se alineó con sus proyecciones iniciales.

En el pleno municipal celebrado este jueves, el concejal de Hacienda, Andrés Gómez, comunicó la sentencia y anunció que el importe sería incluido en una modificación de créditos por un total de 2,6 millones de euros, que busca principalmente reducir la deuda municipal en un 94%.

Adicionalmente, en abril de 2024, el Tribunal Supremo aceptó el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Puertollano contra la sentencia de octubre de 2022. Los magistrados fallaron a favor de la empresa, que había estado gestionando una escuela infantil ubicada detrás del hospital de la ciudad. Tras su cierre y renuncia a la concesión, Dulcinea reclamó al Ayuntamiento 671.755 euros como indemnización por las inversiones realizadas, argumentando que los recursos generados no cubrían sus costos.

Los jueces fundamentaron su decisión en precedentes legales que abordaban situaciones similares, destacando que la concesión se trataba de una actividad privada de interés público y que existía una "laguna regulatoria" en el pliego que regulaba la renuncia del contratista.

Dulcinea había sido beneficiada desde 2007 con la concesión de un terreno público por un canon simbólico de 50 euros, durante el cual formó a más de 100 educadores que atendieron a más de 750 niños. Sin embargo, desde el cierre de sus instalaciones, se han reportado al menos dos incendios en el lugar desocupado.

En la misma sesión plenaria, el Ayuntamiento aprobó un expediente de modificación de créditos por un total de 2.610.807,33 euros, que se destinará a cumplir varias necesidades económicas, incluida la reducción de la deuda y el cumplimiento de resoluciones judiciales.

Este expediente incluye la asignación de 405.807,33 euros para la ejecución de la sentencia correspondiente a la guardería Dulcinea, así como 25.000 euros para aumentar el convenio con Emplealia, con el objetivo de promover la inclusión social y laboral. Además, se prevé destinar 2.180.000 euros a la amortización de préstamos a medio y largo plazo.

Por otro lado, el pleno municipal ha aprobado una moción del grupo socialista que propone la creación de un Plan Municipal de Reducción Progresiva del uso de herbicidas en espacios públicos. Este plan buscará establecer objetivos específicos para disminuir el uso de productos fitosanitarios en jardines y parques urbanos, priorizando la salud pública y la protección de las poblaciones más vulnerables.

La sesión también estuvo marcada por momentos de tensión, en los que el alcalde, Miguel Ángel Ruiz, y el concejal socialista, Francisco José García, intercambiaron recriminaciones sobre el cumplimiento del Reglamento Orgánico. En la parte de ruegos y preguntas, se mencionó que el Consejo Regional de Transparencia había instado al Ayuntamiento a actualizar el Portal de Transparencia, lo que reveló que el sueldo del alcalde asciende a 76.318,76 euros anuales, algo que el concejal socialista utilizó para argumentar que se había cambiado la promesa de sueldos hechos por el anterior alcalde.

El alcalde respondió rechazando la cifra y afirmando que su salario ronda los 50.000 euros, mencionando que se había bajado el sueldo al inicio de su legislatura. Este intercambio provocó un acalorado cruce verbal entre ambos, con García insistiendo en su postura y el alcalde exigiendo una mejor conducta en un ambiente de creciente fricción.