24h Castilla-La Mancha.

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Un fraude en el cobro de prestaciones públicas lleva a la detención de 52 personas, 41 de ellas en Albacete, implicadas en una estafa de 300.000 euros.

Un fraude en el cobro de prestaciones públicas lleva a la detención de 52 personas, 41 de ellas en Albacete, implicadas en una estafa de 300.000 euros.

La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo una operación que ha resultado en la detención de 52 personas en varias provincias españolas. Estas detenciones se han producido debido al presunto cobro ilegal de prestaciones públicas, con un fraude que asciende a más de 300.000 euros tanto al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) como al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La mayoría de las detenciones se han llevado a cabo en Albacete, con un total de 41 arrestos. Además, se han registrado detenciones en Alicante, Madrid, Málaga, Murcia y Valencia. Según ha informado la Policía, los delitos por los que se han producido estas detenciones son el fraude en la obtención de prestaciones.

Uno de los detenidos es un abogado que, en colaboración con otras personas, montaba empresas ficticias sin actividad, con el fin de facilitar el cobro del paro a los trabajadores. La investigación comenzó en mayo, después de recibir una denuncia de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que solicitaban la intervención policial debido a las irregularidades realizadas por una sociedad en Albacete, que intentaba eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.

La empresa denunciada supuestamente se dedicaba al comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas. Sin embargo, los agentes comprobaron que no existía actividad comercial y que se trataba de una vivienda residencial, según indicaba la sede electrónica del catastro.

Los trabajadores de la empresa aseguraron que nunca habían trabajado allí y que habían pagado para poder cotizar a la Seguridad Social. Durante la investigación, se identificó a una persona que figuraba como administrador de 30 sociedades, muchas de ellas dedicadas al comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas en diferentes ciudades.

La mayoría de estas empresas compartían un abogado como tramitador autorizado ante la Seguridad Social. Tanto el abogado como el administrador tenían antecedentes por fraude y falsificación de documentos.

La investigación se centró en el autorizado RED de Albacete, ya que, en colaboración con terceras personas, gestionaba sociedades ficticias y realizaba altas fraudulentas en la Seguridad Social para que los trabajadores pudieran obtener prestaciones o subsidios de desempleo de forma ilegítima. Además, aprovechaban para colocar a sus familiares cercanos y que también recibieran el paro del SEPE.

Se determinó que muchas de las empresas gestionadas por el autorizado RED eran ficticias y también se descubrieron altas irregulares de trabajadores en empresas con actividad real.

Al abogado, junto con sus cómplices, se les ha acusado de pertenecer a un grupo criminal, ya que habían creado una red empresarial con el objetivo de defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal.

El fraude total causado al SEPE y al INSS asciende a más de 304.094 euros. Gracias a la investigación policial, se han detectado nuevas empresas ficticias que han sido dadas de baja para evitar más fraude. Además, también se ha descubierto un fraude a la Hacienda Pública de aproximadamente 12 millones de euros, que está siendo investigado por la Agencia Tributaria de Albacete.