TOLEDO, 29 Nov. - En un reciente análisis llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas, se ha instado a las diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha a fomentar una mayor implicación de los municipios en la formulación de planes de cooperación provincial. Esta recomendación se enmarca dentro de un esfuerzo por mejorar la gestión y supervisión de los servicios ofrecidos, así como para facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales ante el propio Tribunal.

El informe de fiscalización, que ha sido recogido por Europa Press, examina el desempeño de las diputaciones de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo en cuanto a los servicios brindados a sus respectivos municipios durante el año 2022. La evaluación busca determinar si la asistencia ofrecida es adecuada y suficiente, al tiempo que se revisan los procedimientos y sistemas a partir de los cuales se gestiona dicha asistencia.

A lo largo de este estudio, se ha concluido que las diputaciones han proporcionado apoyo jurídico, económico y técnico a los municipios, así como otros servicios que no podían ser gestionados directamente por las entidades locales. No obstante, el informe pone de manifiesto diversas deficiencias que requieren atención y solución inmediata.

En respuesta a estas carencias, el Tribunal de Cuentas ha recomendado a las diputaciones que amplíen sus recursos humanos y adopten herramientas tecnológicas pertinentes para mejorar la calidad del servicio prestado. Asimismo, se sugiere que se establezcan regulaciones claras en la organización de las unidades responsables de esta asistencia.

La necesidad de realizar evaluaciones periódicas de las acciones emprendidas por las diputaciones es otro de los puntos destacados en el informe. Esta evaluación tiene como finalidad asegurar que las actuaciones se alineen con las demandas reales de los ayuntamientos y detectar áreas que puedan ser objeto de mejora continua.

Finalmente, en un llamado hacia una mayor transparencia, el Tribunal exhorta a las diputaciones a crear catálogos de los servicios ofrecidos y asegurarse de que esta información sea accesible al público a través de sus páginas web o sedes electrónicas, contribuyendo de esta forma a una administración más abierta y responsable.