TOLEDO, 19 de noviembre. El colectivo Stop Macrogranjas ha expresado su contundente rechazo a los recientes planes del Gobierno de Castilla-La Mancha que buscan poner fin a la moratoria sobre las macrogranjas en la región. A través de una serie de modificaciones normativas, que incluyen un nuevo decreto de gestión de purines y un plan de biometanización para el período 2024-2030, el Ejecutivo regional está preparando el terreno para facilitar la autorización de explotaciones ganaderas que superen los 2.500 cerdos de cebo, lo que ha levantado alarmas entre diversas organizaciones ecológicas y vecinales.

La organización ha indicado que este paquete normativo, que prevé cambios en la Ley de Evaluación Ambiental y la Ley de Proyectos Prioritarios, entre otros, podría abrir la puerta a la reactivación de múltiples proyectos de macrogranjas que se encuentran actualmente detenidos. Según informa Stop Macrogranjas en un comunicado, esta estrategia del Gobierno podría implicar una expansión significativa de la ganadería industrial en la región, lo que consideran insostenible desde el punto de vista medioambiental.

Durante una reunión celebrada el pasado 2 de octubre entre el director general de Calidad Ambiental, Tomás Villarrubia, y representantes de varias organizaciones ambientalistas y comunitarias, se discutió la postura de la Junta de Comunidades. La respuesta de la administración fue que la ganadería industrial todavía tiene margen para expandirse, buscando igualar los niveles de producción de comunidades como Aragón o Cataluña, lo que ha sido percibido como una amenaza inminente por los grupos presentes en el encuentro.

Las organizaciones que conforman Stop Macrogranjas, junto a Greenpeace y Ecologistas en Acción, indicaron que esta declaración resulta “extremadamente preocupante”. Aseguran que la intención de aumentar el censo porcino en Castilla-La Mancha no solo es irresponsable, sino que establece un paralelo con Cataluña, una región donde el 45% de los municipios han sido declarados vulnerables a la contaminación por nitratos resultante de la agricultura.

Con la inminente finalización de la moratoria en enero, Stop Macrogranjas teme que se desencadene un “tsunami” de solicitudes para la construcción y ampliación de macrogranjas, proyectos que han estado congelados hasta ahora. La organización anticipa que, tras la entrada en vigor de la nueva normativa, las explotaciones menores a 2.500 cabezas podrán seguir aplicando purines en los suelos agrícolas, mientras que las existentes que superen esta cifra tendrán un plazo de adaptación de diez años para implementar nuevos métodos de gestión de purines, como el transporte a plantas de biogás.

Desde Stop Macrogranjas, se ha destacado que esta concesión temporal supondría un reconocimiento implícito de que muchas macrogranjas no cuentan con la debida impermeabilización, lo que acarrearía un alto riesgo de filtraciones contaminantes. Según sus afirmaciones, la nueva normativa solo prohíbe el vertido directo de purines en las nuevas explotaciones que excedan las 2.500 plazas, y estas deberán optar entre enviar sus residuos a plantas de biometanización o adoptar métodos de separación sólido-líquido.

Asimismo, el nuevo decreto crea un Grupo de Expertos en Tratamiento de Purines, que incluirá a académicos de la Universidad de Castilla-La Mancha, funcionarios del Gobierno regional y miembros de la industria cárnica. Sin embargo, Stop Macrogranjas ha resaltado la notable ausencia de voces de organizaciones ambientalistas y comunitarias que padecen los efectos negativos de las macrogranjas en sus localidades.

Además, han denunciado la eliminación de un artículo del borrador que permitiría a los ayuntamientos establecer restricciones sobre el esparcimiento de purines en sus territorios, dejando esta facultad limitada a situaciones que se justifiquen por “razones técnicas”.

Por otro lado, han manifestado su oposición al plan de destinar residuos a plantas de biogás, considerándolo una estrategia destinada a perpetuar un modelo de producción que vulnera el medio ambiente y mantiene una alta huella de carbono. Argumentan que, de los 15 millones de toneladas de residuos que se generan anualmente en la región, el 70% proviene de la ganadería industrial.

Los representantes de Stop Ganadería Industrial han declarado que, si la Junta de Comunidades realmente quiere abordar la seria problemática de la contaminación por nitratos, debería implantar una moratoria efectiva sobre esta industria. Además, critican la idea de aspirar a alcanzar los niveles de producción porcina de Cataluña y Aragón, regiones que ya enfrentan severas complicaciones de contaminación del agua. Es fundamental recordar que Castilla-La Mancha ya ostenta la mayor proporción de tierras vulnerables a nitratos en toda España.

Finalmente, han afirmado que esta reforma legal se elabora de manera perjudicial, a medida de la industria cárnica. Uno de los responsables del diseño de este marco normativo, Javier Ariza, fue director técnico-sanitario del matadero de Incarlopsa en Tarancón, lo que despierta más suspicacias entre los colectivos que luchan por la defensa del medio ambiente. Temen que, al otorgar un plazo de diez años para que las macrogranjas se adapten a la nueva normativa de purines, se ignoren las alarmantes tendencias en la contaminación de acuíferos, pues durante la última década, casi cuatro millones de hectáreas han sido añadidas a la categoría de vulnerables a nitratos en España, según datos del Ministerio de Transición Ecológica.