CIUDAD REAL, 14 de diciembre. En un caso que refleja la persistente problemática del tráfico de drogas en nuestra sociedad, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real se prepara para llevar a juicio el próximo martes, 17 de diciembre, a tres individuos, entre ellos un matrimonio, acusados de involucrarse en la venta ilegal de sustancias como cocaína y cannabis en Puertollano.

De acuerdo con la información contenida en el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, J.B.A. y A.U.M., el matrimonio en cuestión, habrían estado operando desde su propio hogar, donde presuntamente comercializaban cocaína que previamente fraccionaban en dosis para su venta al por menor.

En paralelo, J.B.A. y P.G.H. colaboraban en la clandestina actividad de cultivo de marihuana, lo que pone en evidencia una red de complicidad en el tráfico de sustancias prohibidas. Según los informes, esta actividad se desarrollaba en el interior del domicilio de P.G.H., donde se cultivaban las plantas para su posterior comercialización.

Las autoridades, atentos a las inusuales "salidas y entradas" de los acusados, decidieron profundizar en la investigación. Así, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Puertollano otorgó la autorización necesaria para realizar registros en ambos domicilios, un paso crucial que refleja el compromiso de las fuerzas del orden en la lucha contra el narcotráfico.

Durante las operaciones de registro, los agentes de la Policía Nacional lograron incautar más de 6.230 gramos de cannabis y 327 gramos de cocaína, así como 2.030 euros en efectivo. Además, se encontraron diversos utensilios empleados para el cultivo y la comercialización de estas sustancias, lo que sugiere una estructura bien organizada detrás de esta actividad delictiva.

De acuerdo a los cálculos proporcionados por el Ministerio Fiscal, el valor de la droga confiscada podría haber ascendido a asombrosos 60.000 euros de haberse vendido en el mercado negro, un dato que subraya la magnitud del problema que enfrenta la comunidad.

Ante estos delitos, el Ministerio Fiscal solicita penas que reflejan la seriedad de las acusaciones: para J.B.A., se pide una condena de cuatro años y medio de prisión y una multa de 500.000 euros; A.U.M. enfrenta una pena de tres años y seis meses de cárcel, junto a una multa de 75.000 euros; mientras que a P.G.H. se le podría imposar una pena de dos años de prisión y una multa de 100.000 euros. Este caso es un recordatorio de los retos que enfrentamos en nuestra lucha colectiva contra el narcotráfico y sus devastadores efectos en la sociedad.