TOLEDO, 4 de noviembre. La Audiencia Provincial de Toledo se prepara para llevar a cabo un juicio el próximo miércoles 6 de noviembre a las 10:00 horas, en el que se encuentran implicadas dos personas, identificadas por sus iniciales R.L.J. y E.V.P. Ambos están acusados de llevar a cabo actividades de venta y distribución de drogas, en particular hachís, cocaína y MDMA, desde un hogar y un negocio ubicado en Talavera de la Reina.

De acuerdo con el escrito de acusación elaborado por la fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados actuaban en común acuerdo y hacían de esta actividad delictiva su principal medio de vida, distribuyendo tanto sustancias que representan un grave riesgo para la salud como otras que no tienen efectos tan severos.

La actitud de R.L.J. y E.V.P. no pasó desapercibida para las fuerzas de seguridad, quienes son responsables de combatir el tráfico ilegal de drogas. Según detalla el fiscal, los lugares implicados en la distribución fueron objeto de vigilancia durante los días 19 y 20 de julio de 2022, con el objetivo de recopilar pruebas en su contra.

Durante el periodo de vigilancia, los agentes pudieron observar múltiples intercambios de drogas que se realizaban por los acusados a cambio de dinero, llegando a calificar estos lugares como "un auténtico supermercado de la droga", debido a la actividad constante y abierta que allí se realizaba.

Con la intención de poner fin a esta red de tráfico, se solicitó una autorización de entrada y registro, que fue concedida el 26 de julio de 2022. La intervención se llevó a cabo el día 27 de julio de 2022, a partir de las 08:00 horas, en un domicilio situado en la Plaza de la Hispanidad, que pertenece a R.L.J. y E.V.P., así como en un local situado en la Avenida Príncipe Felipe, en esta ciudad.

Durante el registro, los agentes encontraron una variedad de sustancias y objetos, incluyendo cannabis, resina de cannabis, cocaína y cinco pastillas rosas con la inscripción "Netflix" que corresponden a MDMA, entre otros productos relacionados con el tráfico de drogas.

Los hechos expuestos se consideran un delito contra la salud pública por tráfico de drogas que causan un grave daño a la salud. Por este motivo, el Ministerio Fiscal ha solicitado que se imponga a ambos acusados una pena de nueve años de prisión, acompañada de una inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante todo el tiempo de la condena, así como una multa de 31.813,67 euros, estableciendo además 250 días de responsabilidad subsidiaria en caso de que no se efectúe el pago de dicha multa.