TOLEDO, 6 de diciembre.

La Audiencia Provincial de Toledo se prepara para dar inicio a un juicio el próximo miércoles 11 de diciembre, donde se examinará el inquietante caso de E.R.A.M., quien se enfrenta a graves acusaciones de estafa continuada. Se le imputa el delito de haberse apropiado, de manera ilícita, de unos 45.000 euros pertenecientes a M.M.L., un hombre vulnerable que padece una disfunción cerebral y que le confiaba su cuidado.

Según el informe de la Fiscalía, M.M.L. sufrió un accidente de tráfico a la edad de veinte años, lo que resultó en una disfunción cerebral que ha limitado severamente su vida social y su independencia. Durante años, ha permanecido confinado en su hogar, con escaso contacto con el mundo exterior, lo que resalta aún más la gravedad de la situación en la que se encontraba cuando decidió buscar ayuda.

En el contexto de su aislamiento, M.M.L. contactó en septiembre de 2011 a E.R.A.M., buscando asistencia para el cuidado de su hogar y para él mismo. Dado que el hombre vivía solo y apenas salía, decidió otorgarle ciertos poderes limitados para realizar extracciones de dinero de su cuenta en el banco mediante cajeros automáticos, proporcionándole los códigos necesarios. Sin embargo, esta autorización estaba restringida exclusivamente a retirar su salario acordado de 600 euros mensuales y cubrir los gastos relacionados con su bienestar.

Lamentablemente, E.R.A.M. utilizó su posición de confianza para su propio beneficio, a sabiendas de la situación de vulnerabilidad de M.M.L. Aprovéchese de la inseguridad y la fobia de su cliente para salir de casa, comenzó un patrón de conductas inapropiadas que le permitieron apoderarse de cantidades significativas de dinero que nunca fueron autorizadas por el afectado.

La acusada tenía acceso libre a la tarjeta y a la libreta de M.M.L., lo que la llevó a realizar frecuentes extracciones fuera de los límites acordados. Acumular gestos de deslealtad, que se tradujeron en transacciones destinadas a satisfacer sus propias necesidades y las de su familia, mientras la víctima permanecía en la más absoluta ignorancia sobre lo que ocurría.

Además, los actos de E.R.A.M. llegaron al extremo de realizar transferencias desde los fondos de inversión de M.M.L., multiplicando así sus recursos sin que este tuviera conocimiento alguno de la situación. Tampoco dudó en utilizar la tarjeta de crédito del hombre para comprar en establecimientos y restaurantes, actos que evidencian la falta de ética y abuso de confianza de su parte.

La situación se mantuvo en esta tesitura hasta febrero de 2019, momento en el cual E.R.A.M. cesó de prestar sus servicios en el hogar de M.M.L., intervención que se dio gracias a la acción de los familiares de la víctima, quienes comenzaron a cuestionar lo sucedido.

A lo largo del tiempo que la acusada estuvo a cargo de la atención de M.M.L., logró sustraer una cifra cercana a los 45.000 euros, dinero que hasta el momento no ha sido restituido a su legítimo propietario, aumentando así la preocupación en torno a la protección de las personas vulnerables frente a abusos de tal naturaleza.