CIUDAD REAL, 13 de febrero. En un importante caso que resuena en la sociedad, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real se prepara para juzgar a un hombre de 43 años, J.G.R.R., acusado de un intento de violación y agresión a su pareja en los próximos días 18 y 20 de febrero. La Fiscalía ha solicitado una severa pena de 20 años de cárcel por los delitos cometidos contra la mujer.

Los hechos, según detalla la acusación, tuvieron lugar en febrero de 2023, en el domicilio del acusado, donde ambos se encontraban tras haber disfrutado de una noche en varios bares. Lo que comenzó como una velada de compañía se tornó en una aterradora experiencia para la mujer.

La Fiscalía alega que el acusado procedió a agredir a la mujer físicamente, golpeándola en varias partes de su cuerpo y rostro, y arrastrándola a un baño donde continuó con la agresión. La situación se tornó aún más grave cuando, sin su consentimiento, llevó a cabo una penetración vaginal.

Las consecuencias de este despreciable acto han dejado a la denunciante con múltiples hematomas, erosiones y una fractura parcial de un diente que requirió tratamiento médico. Además, sufrió un daño que se traduce en un perjuicio físico y emocional que ha prolongado su sufrimiento durante al menos diez días.

El informe médico indica que la víctima padece un trastorno por estrés postraumático severo, lo que incluye síntomas de ansiedad, insomnio y cambios drásticos en su estado de ánimo, complicando aún más su recuperación.

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía ha tipificado las acciones del acusado como un delito de agresión sexual con acceso carnal y un delito de lesiones en el ámbito familiar. Para ello, solicita 15 años de prisión por el primer cargo y cinco años adicionales por el segundo, así como una orden de alejamiento que prohíba al acusado acercarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella de cualquier manera.

Además, se espera que, tras cumplir su condena, el acusado enfrente 10 años de libertad vigilada y que se implementen medidas de control telemático para asegurar el cumplimiento de la prohibición de alejamiento.

En términos de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal también ha solicitado que el acusado indemnice a la denunciante con 60.000 euros, una suma que busca compensar por el profundo daño psíquico y moral que ha sufrido.

Es relevante mencionar que el acusado ya había sido encarcelado anteriormente durante cinco años por un delito de tráfico de drogas y que actualmente se encuentra en prisión provisional, sin opción a fianza, desde que ocurrieron los hechos que se le imputan.