TOLEDO, 21 de noviembre. Este jueves, una manifestación de delegados sindicales de UGT, CCOO y USO tuvo lugar frente a la sede central del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en Toledo, con el propósito de exigir un avance en la negociación del V Convenio Colectivo de Transporte de Enfermos y Accidentados, que ha estado expirado desde el 31 de enero de 2023.

En el contexto de la concentración, los representantes sindicales expresaron su preocupación ante la próxima licitación del Transporte Sanitario en la región, cuyos criterios económicos se abrieron en el mismo día de la protesta. Los sindicalistas advierten que esta licitación podría implicar un marcado retroceso en los derechos laborales de los trabajadores del sector.

Serafín García, responsable del transporte sanitario por UGT, condenó la situación actual de la negociación, que afecta a un total de 2.000 técnicos del transporte sanitario que se encuentran en una especie de limbo por falta de acuerdos concretos. “Es inaceptable que esta negociación esté estancada”, enfatizó García, añadiendo que una de las principales reivindicaciones es la reducción de la jornada laboral, actualmente fijada en 2.184 horas anuales. Los sindicatos demandan que se recorte a 1.900 horas para mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

El representante de UGT no escatimó críticas hacia el Sescam, acusándolo de “mirar hacia otro lado” y de generar un pliego de condiciones para la nueva licitación, que él considera deficitario y perjudicial para los derechos de la trabajadora. “No queremos ser esclavos del Sescam. Es inadmisible que se mantengan jornadas tan extensas mientras los empresarios siguen acumulando ganancias”, declaró García, quien además sugirió que la licitación del transporte sanitario se realizó de forma “opaca”.

La controversia se intensificó con la apertura de los sobres que contenían las ofertas económicas para este servicio, un proceso que, según García, debería ser un acto público y transparente. “Hoy es un acto privado cuando siempre ha sido un evento público”, subrayó, evidenciando la falta de claridad en estos procesos.

CCOO también se sumó a las críticas. Lola Cachero, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, mostró su inquietud acerca de la transparencia y la equidad de la licitación. Pese a que el Sescam anunció un aumento de 8 millones en la oferta, Cachero advirtió que, si se prioriza el precio en la selección, podría repetirse un conflicto similar al de hace siete años, cuando las adjudicaciones no permitieron incrementos salariales ni recuperación de derechos perdidos durante el gobierno de Cospedal.

Otro punto de controversia rodea a la cláusula que indica que el Sescam asumirá el coste total del convenio, algo que ha despertado preguntas por parte de los representantes de los trabajadores. “¿De qué convenio colectivo están hablando? ¿Del que ha tenido los salarios congelados desde 2023 debido a la falta de negociación por parte de las empresas?”, cuestionó Cachero, quien también destacó que se han ignorado numerosas categorías profesionales y la antigüedad del personal.

“No es justo que un servicio tan esencial para la vida de la ciudadanía de Castilla-La Mancha se deteriorara cada vez más. Hemos solicitado encarecidamente que este servicio se gestione de forma interna por la Junta de Comunidades”, concluyó Cachero, transmitiendo la urgencia del problema.

Asimismo, Carlos Sánchez, de la Unión Sindical de la Obrera (USO), criticó arduamente a la patronal, que lleva más de un año y medio en negociaciones estancadas. “Parece que hay un interés deliberado en retrasar esta negociación para poder presentar pliegos de licitación que no contemplan mejoras salariales”, declaró Sánchez, afirmando que la promoción de este servicio como mejorado resulta engañosa si no se respaldan con condiciones laborales adecuadas.

Recuperando el espíritu de la pandemia, donde el transporte sanitario fue considerado un servicio “esencial” y a sus trabajadores se les aplaudió, Sánchez hizo un llamado a que esos aplausos se traduzcan en mejoras tangibles en las condiciones laborales y salariales del sector. “Es hora de que se reconozca el valor de estos trabajadores más allá de un gesto simbólico”, sentenció.