Los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Función Pública, a saber, CSIF, STAS, CCOO y UGT, han elevado este viernes una solicitud de reunión urgente con el vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina. El objetivo de esta reunión es discutir los "riesgos de privatización" que conlleva la futura Ley de Simplificación Administrativa en la región.

Durante una intervención ante los medios de comunicación, justo después de presentar la petición en la Delegación de la Junta en Toledo, Victoria Ortiz, representante de CSIF, expuso que esta solicitud es el resultado de la detección de una nueva figura en el anteproyecto de ley: las entidades colaboradoras de la Administración. Estas entidades, que son de carácter privado, podrían asumir diversas funciones administrativas, tales como la tramitación de solicitudes de ayudas o certificaciones que, hasta ahora, estaban bajo la competencia de Función Pública y los empleados públicos.

Ortiz destacó que la introducción de estas entidades en la normativa implicaría que la respuesta de la Administración a las peticiones de los ciudadanos, que incluye la emisión de informes técnicos y la revisión normativa, podría ser realizada por entes externos y no por Función Pública. Esta posibilidad es interpretada por los sindicatos como una "grave amenaza" para las competencias administrativas, ya que podría implicar una privatización de funciones públicas esenciales.

En similar línea, José Luis Martínez, coordinador del sector autonómico de CCOO, expresó su preocupación por el trasfondo del anteproyecto de ley. Si bien se presenta como una medida destinada a agilizar la burocracia, Martínez advierte que en realidad podría facilitar la privatización de competencias que deben permanecer reservadas al personal funcionario, fundamentales para garantizar el interés general de la población.

El proyecto también introduce una figura denominada 'declaración responsable', que permitiría que ciertos procedimientos que requieren autorización administrativa puedan llevarse a cabo simplemente mediante una declaración del ciudadano, sin necesidad de verificación adicional. Martínez argumentó que esta práctica conlleva un "riesgo considerable" para el bien público de Castilla-La Mancha y citó ejemplos en el ámbito del patrimonio cultural y medioambiental, donde los daños podrían ser irreversibles si se permite que se lleven a cabo modificaciones sin adecuada supervisión.

Los cuatro sindicatos, en rechazo a esta propuesta, han exigido una reunión para expresar sus inquietudes y para recibir información y explicaciones sobre el anteproyecto. Rosario Madrigal, delegada de UGT, también mencionó el posible costo económico que podría implicar depender de entidades colaboradoras y la preocupación por el tratamiento de datos sensibles por parte de personal no funcionarial, que podría dar lugar a abusos o mal uso de la información.

Por su parte, Gustavo Fabra, del sindicato STAS C-LM, hizo hincapié en la necesidad de establecer un "diálogo social" dentro del Gobierno de Castilla-La Mancha, lamentando que este anteproyecto se haya elaborado sin consulta previa a los sindicatos. Fabra expresó su esperanza de que el Gobierno se tome el tiempo para comunicar las razones que justifican esta medida y las repercusiones que prevén que tendrá.

Además, los sindicatos han decidido elaborar un manifiesto que será distribuido entre organizaciones sociales, vecinales, medioambientales y colegios profesionales de la región, sin descartar la posibilidad de organizar "movilizaciones". Se prevé realizar asambleas en los centros de trabajo de la Junta como parte de estas acciones. Fabra señaló que han declarado "alerta roja" en la administración pública, dado que consideran esencial salvar la potestad pública y anticiparon que, a raíz de las asambleas, se iniciará un ciclo significativo de movilizaciones en Castilla-La Mancha.

Finalmente, Fabra subrayó que el Gobierno regional debe reflexionar sobre el costo que está dispuesto a asumir con esta tendencia hacia la privatización de los servicios públicos, una cuestión que, según él, ni siquiera fue tocada por la anterior presidenta María Dolores de Cospedal.