TOLEDO, 12 de diciembre. El debate reciente sobre la Resolución de la Comisión de Igualdad para el año 2023 ha puesto de manifiesto las tensiones entre los grupos parlamentarios del PSOE y el Partido Popular, en oposición a Vox, en lo que respecta a la política de igualdad y, en particular, a las medidas contra la violencia de género. Esta resolución fue finalmente aprobada gracias a los 27 votos a favor del PSOE y el PP, frente a los cuatro en contra de Vox.

Durante el intercambio de ideas, Vox ha expresado su desacuerdo con la implementación de una política específica para combatir la violencia machista. En su lugar, el partido ha abogado por el establecimiento de medidas “en contra de cualquier tipo de violencia”. Sin embargo, PSOE y PP defendieron la existencia de un fenómeno de violencia que tiene características propias y la necesidad de abordar este problema con políticas específicas.

El debate fue inaugurado por Iván Sánchez, parlamentario autonómico de Vox, quien reiteró el compromiso de su grupo para “combatir toda forma de violencia, venga de donde venga, porque todas las víctimas merecen protección”. Sin embargo, agregó que las actuales políticas “no están dando resultado”, señalando un aumento en las cifras de agresiones y víctimas año tras año, argumentando que las leyes actuales “no están logrando frenar el problema”.

En su intervención, Sánchez instó a establecer “medidas que protejan a todas las víctimas, sin importar su género, su edad o la relación con el agresor”, manifestando así una visión más generalista sobre la violencia, que fue cuestionada por los demás grupos.

En respuesta, Tania Andicoberry, diputada del Partido Popular, defendió firmemente que “la violencia de género sí existe y hay que atajarla”. Subrayó la necesidad de implementar políticas y recursos que busquen erradicar la violencia machista “en todas sus formas y maneras”, enfatizando que su grupo siempre se alineará en la lucha contra esta realidad.

Andicoberry también destacó el apoyo del PP a la resolución, señalando que esta incluye elementos fundamentales como la “condena firme hacia toda forma de violencia ejercida contra las mujeres” y la importancia de trabajar “desde la unidad parlamentaria” para erradicar la violencia de género.

Luego, la diputada del PSOE, Charo García, puso de relieve las acciones emprendidas por la Administración regional a través del Instituto de la Mujer, que abarcan recursos destinados a la prevención, sensibilización y recuperación de las víctimas de violencia de género. García expresó su agradecimiento al PP por su disposición a colaborar en la aprobación de la resolución, insistiendo en que la ciudadanía espera unidad en la lucha contra la violencia de género.

En cuanto a las palabras de Vox, García manifestó que su postura “deja en evidencia el gran desconocimiento que tienen de la realidad que viven las mujeres en la región” y criticó que su enfoque busca ofrecer la misma protección tanto a maltratadores como a víctimas, lo que vulneraría la esencia de las políticas de igualdad.

Por su parte, la consejera de Igualdad, Sara Simón, se mostró a favor de renovar el Pacto de Estado contra la violencia de género, abogando por un aumento en la financiación para las comunidades autónomas que permita implementar y mejorar las medidas necesarias. Sin embargo, expresó su preocupación sobre la posibilidad de reformar dicho pacto dada la posición de Vox acerca de la violencia machista.

Simón apoyó las críticas de Andicoberry y García, reafirmando que “esa violencia existe, es una realidad” y acusó a Vox de confundir al negar la existencia de una violencia estructural que afecta a todas las mujeres. La consejera argumentó que los asesinatos y la violencia física son solo las manifestaciones más dramáticas de un problema más amplio que incluye violencia psicológica, económica, y otros tipos de discriminación que las mujeres enfrentan diariamente.