CIUDAD REAL, 15 de octubre - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su preocupación por las críticas que provienen de algunas autoridades del Levante, quienes se han permitido atacar a los regantes castellanomanchegos y acusar a la región de tener el "grifo abierto" en relación con sus regadíos. Estas declaraciones surgen en un contexto donde la gestión del agua es un tema delicado, particularmente tras los efectos adversos que ha tenido la daña en la agricultura y en el acceso al recurso hídrico.

Durante un evento institucional celebrado en el Teatro Municipal de Almagro, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, García-Page hizo un llamado a superar los estereotipos urbanos y a reconocer que cada región tiene sus propias particularidades. Al respecto, enfatizó que no desea descalificar a nadie, pero apuntó hacia la desinformación sobre la situación hídrica de Castilla-La Mancha y la importancia de abordar la realidad con datos precisos.

El presidente regional no escatimó en recursos para señalar que existen "diez sentencias" del Tribunal Supremo que respaldan los derechos de Castilla-La Mancha en materia de agua, enfatizando que aún quedan cuestiones pendientes de resolver. Aunque se abstuvo de mencionar las "miles de hectáreas" sin protección legal en el Levante, dejó en el aire una pregunta crucial: “¿Dónde están las soluciones para esos terrenos?”

A pesar de las acusaciones, García-Page aseguró su deseo de que el Levante tenga acceso a suficiente agua y a las oportunidades que esto conlleva. Sin embargo, subrayó que es necesario entender que la gente de Castilla-La Mancha, como en cualquier otra región, se ha asentado históricamente junto a los ríos para asegurar su acceso al agua. "Por eso luchamos por algo tan fundamental como es el agua," añadió.

El presidente también abordó el reto del cambio climático, sugiriendo que quienes más padecen sus consecuencias deberían ser los primeros en proponer soluciones sostenibles. En este sentido, destacó la importancia de utilizar agua desalada en vez de agotar los recursos hídricos naturales que necesitan todos los ciudadanos.

Por su parte, la consejera y portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, ha enmarcado la situación actual en el contexto de una "ofensiva" que busca modificar el Plan Hidrológico y retrasar las reglas de explotación del agua. Afirmó que las recientes declaraciones del presidente valenciano, Carlos Mazón, son engañosas y se utilizan como cortina de humo para desviar la atención de sus propias responsabilidades.

Padilla describió los estudios que sustentan estas acusaciones como "incompletos y sesgados", argumentando que en realidad se busca paralizar la publicación de las normativas necesarias. Asimismo, cuestionó la veracidad de las afirmaciones sobre la existencia de un borrador para las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, señalando que el Gobierno de Castilla-La Mancha aún no ha recibido tal documento.

La portavoz del gobierno regional condenó la idea de no permitir que el Tajo fluya naturalmente para satisfacer las exigencias del trasvase. Este enfoque, explicó, no solo es despilfarrador, sino que también infringe las sentencias del Tribunal Supremo y la normativa europea. Padilla enfatizó que es vital adoptar un modelo sostenible que respete el agua como recurso natural y que no enfatice el desperdicio.

Finalmente, la portavoz remarcó que el tiempo se agota y que es esencial asumir la realidad en lugar de mentir. Dirigiéndose a Mazón, concluyó que sus declaraciones buscan solo ocultar situaciones problemáticas, instando a una mayor honestidad en el debate sobre el agua.