La Guardia Civil ha intensificado su actividad en la investigación de un amplio caso de presunto fraude en el sector de los hidrocarburos, centrando su atención este lunes en múltiples registros a lo largo de España. Las localidades de Madrid, Zaragoza y Sevilla, entre otras, han sido el escenario de estas operaciones, que buscan profundizar en las presuntas irregularidades asociadas al empresario Víctor de Aldama.

Según información proporcionada por fuentes vinculadas a la pesquisa, los agentes han realizado una incursión específica en una empresa ubicada en Calatayud, Zaragoza, perteneciente a un socio de De Aldama. Este socio ha sido mencionado como un potencial 'conseguidor' en el conocido como 'caso Koldo', que investiga la obtención de contratos durante la pandemia de manera irregular.

Más detalles indican que el registro en Calatayud se vincula estrechamente a Luis Alberto Escolano, quien opera una empresa en la calle San Miguel de esta localidad. Las autoridades han llevado a cabo registros no solo en Calatayud, sino también en otras ciudades, incluyendo Madrid, Sevilla y Toledo, aunque las fuentes jurídicas no precisaron si las operaciones en estas últimas se relacionan también con la actividad empresarial de Escolano.

Esta serie de registros se desarrolla en un contexto donde Víctor de Aldama se encuentra bajo la lupa del Tribunal Supremo, al ser investigado en relación al 'caso Koldo'. En este caso, el juez Leopoldo Puente examina las supuestas adjudicaciones fraudulentas de suministros sanitarios llevadas a cabo durante la crisis del COVID-19.

El mes de octubre marcó un hito en este asunto cuando el juez Santiago Pedraz decidió imponer prisión provisional a De Aldama y su socio Claudio Rivas por su implicación en un presunto fraude a la Hacienda Pública que asciende a 182 millones de euros. Aunque De Aldama fue liberado tras su declaración voluntaria, Rivas continúa en prisión.

La investigación, que sigue siendo secreta, contempla a ambos empresarios como los presuntos cabecillas de una organización criminal, con la inclusión de María Luisa Rivas como subdirectora, así como otros colaboradores y testaferros que ocupan posiciones en los consejos de administración de las empresas involucradas en este entramado delictivo.