El debate sobre la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha tomado un giro inesperado en Toledo, donde Mujeres Progresistas y las fuerzas opositoras en el Consistorio, especialmente el PSOE e IU-Podemos, han acusado al equipo de Gobierno, conformado por el PP y Vox, de obstaculizar la manifestación que el Consejo Municipal de la Mujer había previsto. Mientras tanto, el Gobierno local argumenta que la cancelación se debe a las obras en curso entre la Puerta de Bisagra y la plaza de Zocodover.

Desde Mujeres Progresistas, su presidenta, Nuria Cuevas, ha denunciado que el alcalde, Carlos Velázquez, y la concejala de Asuntos Sociales, Marisol Illescas, están impidiendo que una manifestación que lleva realizándose durante más de 30 años, la cual busca visibilizar y denunciar la violencia de género, pueda tener lugar. Este evento es fundamental para exigir políticas de igualdad que protejan a las mujeres y a sus hijos e hijas de la violencia machista.

El pasado viernes, 22 de noviembre, Illescas comunicó a través del grupo de WhatsApp del Consejo Municipal de la Mujer la decisión de anular la marcha, citando las obras como razón principal. Cuevas enfatiza que este evento es crucial, y critica que la violencia de género, históricamente relegada al ámbito privado, ha logrado ser llevada al espacio público gracias al esfuerzo del movimiento feminista, y advierte que no se permitirá que ninguna autoridad la invisibilice.

En este sentido, exigen al Ayuntamiento que cumpla con su deber de implementar políticas efectivas de igualdad, que consideren los asesinatos de mujeres por violencia de género y a sus hijos e hijas, como el aspecto más cruel de esta problemática social. La presión se intensifica por parte de IU-Podemos, con la intervención de Elisa Fernández, quien ha recriminado al Gobierno por actuar de manera unilateral y por tratar la cancelación de la manifestación con desdén y falta de respeto, desestimando la justificación presentada.

Fernández ha destacado que las obras en la calle Real del Arrabal apenas han afectado a la circulación vehicular, sugiriendo que la argumentación del Gobierno es insuficiente. Además, ha resaltado que, por primera vez en tres décadas, el Consejo Local de la Mujer no podrá organizar la manifestación en conmemoración del 25N. En lugar de esta histórica marcha, el Consistorio ha programado un acto conmemorativo en el Corral de Don Diego, lo que, para Fernández, evidencia una falta de compromiso con la lucha contra la violencia de género.

Frente a este contexto, ha instado a la comunidad a seguir levantando la voz y a unirse a la manifestación organizada por la Plataforma 8M, la cual partirá de la Vega hacia Zocodover a las 18:00 horas. Por otro lado, el PSOE, representado por su viceportavoz Ana Abellán, ha mostrado su rechazo a las decisiones del PP y Vox, acusándolos de traicionar el 25N y de pisotear los derechos de las mujeres.

Abellán ha calificado la situación como un “grave retroceso” en las políticas de igualdad del Ayuntamiento, subrayando que boicotear un día tan significativo no solo traiciona a las mujeres de Toledo, sino que es un ataque a la dignidad de las víctimas y a quienes luchan diariamente por erradicar la violencia machista. La viceportavoz también ha señalado que Velázquez está al servicio de la ultraderecha negacionista, y que su intención de silenciar el clamor social acerca de esta lacra es inaceptable.

Finalmente, el Ayuntamiento ha defendido su decisión de cancelar la marcha, alegando que la misma se fundamenta en informes de la Delegación del Gobierno sobre la seguridad en relación con el estado de las obras en la zona. Según fuentes oficiales, existe un informe técnico que desaconseja la aglomeración de personas en el área afectada, y el Consistorio ha programado un acto conmemorativo que incluirá una marcha hacia la plaza del Ayuntamiento para rendir homenaje a las víctimas de la violencia de género.

Marisol Illescas ha recalcado que, aunque otras organizaciones han optado por mantener el recorrido habitual, el Ayuntamiento ha considerado que buscar una alternativa más segura y razonable es la mejor opción en las circunstancias actuales. Esta controversia pone de relieve las tensiones entre el Gobierno local y las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, así como la importancia de mantener viva la llama de las reivindicaciones sociales en un contexto tan crítico.