TOLEDO, 5 de febrero. El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha tomado la decisión de convocar una huelga general indefinida, intermitente, que involucra tanto a médicos como a facultativos y residentes en la región. Este movimiento se presenta como una respuesta legítima para salvaguardar la salud pública y mejorar las condiciones laborales del personal sanitario.

Las jornadas de huelga están programadas para los días 16, 17, 18, 19 y 20 de febrero, así como el 15, 17 y 19 de junio. Además, el CESM se unirá a una huelga nacional de médicos, que se llevará a cabo del 16 al 20 de febrero, en apoyo a la creación de un Estatuto Propio que reconozca la singularidad y la importante formación del colectivo médico.

Esta convocatoria afecta a más de 7.700 profesionales que ejercen en diversas instalaciones sanitarias de Castilla-La Mancha, quienes están llamados a participar activamente en la protesta.

En un comunicado oficial, el CESM ha señalado que ha mantenido una postura "responsable y constructiva" aunque el pasado 26 de enero, la ministra de Sanidad, Mónica García, no ofreció soluciones concretas a los problemas estructurales que enfrenta el sistema de salud pública, delegando la responsabilidad a las comunidades autónomas y sus respectivas Consejerías de Sanidad.

A raíz de un periodo de reflexión y tras intentar dialogar sin éxito, el CESM considera que es esencial avanzar y ha decidido poner en marcha esta huelga, con el respaldo de su Comité Ejecutivo.

Los representantes del sindicato aclaran que esta movilización no busca generar confrontación, sino proteger el presente y el futuro de la sanidad pública en Castilla-La Mancha, asegurando que los servicios de salud sean seguros, accesibles y de calidad.

Los profesionales de la salud exigen medidas urgentes para abordar problemáticas críticas como las largas listas de espera, los tiempos razonables de atención y ajustar las plantillas a las necesidades reales del sistema asistencial.

Denuncian que la situación actual ha llevado a una saturación del trabajo, lo que genera demoras y dificulta el acceso a atención médica oportuna. Esta sobrecarga no solo afecta la seguridad del paciente, sino que también compromete la calidad del servicio brindado.

Se advierte que la carga laboral excesiva se traduce en un deterioro de la salud física y emocional del personal médico, lo que a su vez repercute negativamente en la atención que se ofrece a la población.

El CESM hace hincapié en que las mejoras que están solicitando no solo impactan en las condiciones laborales de los médicos, sino que son esenciales para que el sistema sanitario funcione de manera óptima en la región.

El sindicato subraya que la huelga está enfocada a proteger a los pacientes y que es una medida necesaria para garantizar que los profesionales puedan ofrecer atención digna y adecuada, sin que ello comprometa la atención urgente ni los cuidados esenciales.

Se asegura que durante los días de huelga se mantendrá atención garantizada para urgencias y casos no demorable, priorizando la atención al paciente en todo momento.

Entre las reivindicaciones principales, destacan la reactivación inmediata de la Carrera Profesional, que está estancada desde 2012, lo cual crea un agravio comparativo en relación con otras comunidades autónomas.

Además, solicitan un espacio de negociación que permita la participación directa del colectivo médico en las decisiones sobre organización y condiciones laborales, acorde a su nivel de responsabilidad.

Como parte de sus demandas, también piden la modernización de las plantillas en Atención Primaria y zonas rurales, así como un plan urgente para reducir las listas de espera.

Se exige una revisión del modelo salarial, ya que consideran que las remuneraciones actuales no reflejan adecuadamente la formación y la carga laboral que enfrentan, además de que se cumpla con el Acuerdo de Atención Primaria, que demanda tiempos de atención apropiados y menos burocracia.

Por último, hacen un llamado a establecer una regulación justa acerca del horario laboral y las guardias, que asegure descansos adecuados para proteger tanto la salud del profesional como la seguridad del paciente. También plantean la necesidad de implementar medidas efectivas para la conciliación familiar, garantizar la igualdad real y proteger la maternidad sin que eso afecte el desarrollo profesional.

En cuanto a los residentes, considerados "el futuro del sistema sanitario", enfatizan la urgencia de mejorar sus condiciones laborales, asegurando su descanso tras las guardias y la capacitación necesaria para su desarrollo profesional en ambientes dignos.