ALBACETE, 14 de noviembre.

En un escenario preocupante para la comunidad laboral de Albacete, la empresa multinacional Marktel Global Services ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría poner fin a 55 empleos y cerrar su sede en la ciudad. Esta decisión ha sido denunciada por el sindicato UGT, que señala un comportamiento de “mala fe” por parte de la compañía, mientras que Marktel argumenta que la causa se encuentra en “razones organizativas” y el cierre de su última campaña gestionada desde este centro.

Diego Martínez-Acacio, secretario regional de UGT en Oficinas y Despachos, ha expuesto que esta propuesta de ERE surge tras un año en que la plantilla ha sido reducida considerablemente, pasando de cerca de 200 trabajadores a solo 55, a través de despidos que ya han sido considerados improcedentes en al menos cuatro ocasiones por los tribunales.

Las decisiones judiciales han llevado a la compañía a reinstaurar a algunos de estos empleados en la categoría de gestores telefónicos, en lugar de la inferior de teleoperadores, obligándola además a realizar los pagos de indemnización correspondientes.

Martínez-Acacio ha subrayado que los trabajadores, cansados de la inestabilidad laboral y de cobrar tan solo el salario mínimo pese a realizar tareas de mayor envergadura, decidieron alzar la voz. Frente a esto, la empresa amenazó con cerrar el centro antes que reconocer a todos como gestores telefónicos, lo que ha desencadenado una situación tensa.

UGT exige la paralización del ERE alegando la falta de justificación y solicita una redistribución de las cargas laborales desde otros centros de Marktel, ya que considera que los servicios de teleoperador pueden ser gestionados desde cualquier ubicación, al mismo tiempo que aboga por el adecuado reconocimiento de la categoría laboral de los empleados afectados.

Además, haciendo eco de las sentencias favorables obtenidas en tribunales, el sindicato demanda que se otorgue a la plantilla una indemnización acorde con la categoría de gestor telefónico, así como el abono de atrasos de un año y la regularización de la cotización a la Seguridad Social por un periodo de hasta cinco años dependiendo de la antigüedad y jornada laboral.

A pesar de los esfuerzos, UGT informó que no se ha llegado a ningún acuerdo con la dirección de Marktel durante la reunión del comité del pasado jueves y ha expresado su preocupación por el impacto social que representaría la pérdida de empleo para 55 familias en la región.

“Es medio centenar de familias que ven truncadas sus perspectivas laborales, enfrentándose a una situación de desempleo que no reconoce las funciones que han desempeñado”, aseveró Martínez-Acacio.

Por el momento, el comité de empresa ha convocado una reunión telemática para seguir explorando soluciones, agendada para el próximo lunes 17 de noviembre por la mañana.