MADRID/TOLEDO, 12 de diciembre. A más de dos años desde la implementación de la ley que regula la eutanasia en España, los datos sobre su aplicación son elocuentes y revelan un aumento significativo en el número de personas que han solicitado esta opción. Desde su entrada en vigor en junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023, se han tramitado un total de 1.515 solicitudes de asistencia para morir, desglosadas en 173 solicitudes en 2021, 576 en 2022 y 766 en 2023. Esta tendencia refleja un notable incremento del 32,9% en el último año y un asombroso aumento del 342% desde que se puso en marcha la ley.

Los detalles de este incremento han sido expuestos en el informe de evaluación anual 2023 que ha publicado el Ministerio de Sanidad. Según el documento, de las 766 solicitudes que se registraron en 2023, un 76% fueron aprobadas, lo que se traduce en 334 prestaciones realizadas. Del total de solicitudes, 188 fueron denegadas, lo que generó 78 reclamaciones, de las cuales 32 resultaron en una resolución favorable para quienes las interpusieron, destacando la importancia de la transparencia y el derecho a la apelación en este proceso.

El informe también revela que de las solicitudes aceptadas durante este año, 21 fueron posteriormente revocadas por los solicitantes y 33 fueron aplazadas. Un dato que llama la atención es que 190 personas fallecieron mientras su solicitud estaba en proceso, con un promedio de 30 días transcurridos entre el momento en que se hizo la solicitud y el desenlace final.

Analizando el origen geográfico de las solicitudes, Cataluña lidera con 219 casos, seguida de Madrid con 89, y otras comunidades como Canarias (62), País Vasco (58), y Comunidad Valenciana (56) también muestran cantidades significativas. Por otro lado, las regiones con menor cantidad de solicitudes incluyen La Rioja (4) y Murcia y Extremadura con solo 2 solicitudes cada una, lo que puede dar pie para el análisis de la dispersión y acceso a estos derechos dependiendo de la ubicación.

En términos del perfil de los solicitantes, el informe indica que la mayoría son personas de entre 70 y 79 años (28%) y que presentan enfermedades graves, siendo las oncológicas y neurológicas las más comunes, al representar un 35% cada una. A pesar de que el 95% de los solicitantes poseen capacidad de hecho al iniciar el proceso, un 15% se encuentran en un riesgo inminente de perder dicha capacidad, lo que añade una capa de complejidad y urgencia a las decisiones que enfrentan.

Finalmente, en lo que respecta al tiempo requerido entre la solicitud y la realización efectiva de la asistencia, se ha observado un promedio de 67 días, con una mediana de 54,2 días. No obstante, es alarmante destacar que un 25% de las personas que solicitaron la asistencia fallecieron antes de que se resolviera su caso, enfatizando así la necesidad de considerar la inmediatez de la atención en estos contextos tan sensibles. El tiempo promedio desde la solicitud hasta el fallecimiento se establece también en 30 días, reflejando la urgencia que a menudo acompaña a situaciones de este tipo.

(Habrá más información en próximas ampliaciones).